El proyecto de Ley de Transparencia Social, conocido como Ley de Fundaciones, pasó este martes el primer debate en el Pleno de la Asamblea Nacional. La propuesta fue remitida con carácter de urgencia económica por el presidente Daniel Noboa y busca prevenir, detectar y controlar flujos irregulares de capital, con especial atención a organizaciones sin fines de lucro.
Durante el debate en el Parlamento, la legisladora ponente Valentina Centeno advirtió que “la criminalidad está utilizando organizaciones sociales para el lavado de activos, narcotráfico, minería ilegal y redes de corrupción”.
Señaló que las economías ilícitas mueven cerca de 30 mil millones de dólares al año y alertó sobre su infiltración en la vida comunitaria. Otros legisladores coincidieron en la necesidad de cerrar vías al narcotráfico, aunque algunos criticaron que el texto incluya disposiciones tributarias y aspectos que no guardan relación directa con el objetivo inicial.
En contraste, Alfredo Serrano (PSC) cuestionó varios artículos y planteó que sean votados por separado. “Lo que nos llama la atención es que el presidente Daniel Noboa está preocupado, con justa razón, por el lavado de activos que podría haber en las fundaciones”. Sin embargo, quiere regresar a los casinos, una de las maneras más fáciles de lavar dinero. “Estas son las contradicciones”, afirmó.
Desde la Revolución Ciudadana se criticó las facultades de “hiperregularización” que se otorga a la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria.
Mientras que Alex Toapanta (Pachakutik) alertó sobre un posible riesgo para la autonomía de pueblos y nacionalidades indígenas, que financian proyectos comunitarios con fondos de organizaciones internacionales.
El debate incluyó llamados a diferenciar entre organizaciones lícitas y aquellas que podrían actuar como fachada.
También se planteó la necesidad de cumplir recomendaciones del GAFI, regular donaciones, crear un sistema unificado de información y ampliar plazos de registro.
Tras las intervenciones, el proyecto regresó a la Comisión de Desarrollo Económico para la preparación del informe para segundo debate.
Relatora de la ONU alerta por restricciones a derechos
Gina Romero, relatora especial de la Organización de Naciones Unidas (ONU) sobre libertad de reunión y asociación, envió observaciones al Gobierno sobre el proyecto. Advirtió que el texto “podría restringir de manera indebida la libertad de asociación y otros derechos fundamentales” protegidos por el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
Romero cuestionó la urgencia económica invocada para el trámite y señaló que no se demuestra “una situación apremiante que justifique un proceso acelerado”. Añadió que el proyecto se basa en afirmaciones hipotéticas y carece de estudios técnicos suficientes que sustenten los riesgos atribuidos a las organizaciones sociales.
En su comunicación, recordó que las medidas estatales deben ser necesarias y proporcionales, y que no deben estigmatizar a la sociedad civil ni generar restricciones indebidas al acceso a recursos. Llamó al Gobierno a abrir un debate público amplio e inclusivo y recomendó retirar la urgencia económica para garantizar un análisis técnico, plural y conforme a estándares internacionales de derechos humanos.
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