En entrevista exclusiva con A Primera Hora, el jurista Ismael Quintana realizó un análisis jurídico sobre el proyecto de Ley Creando Oportunidades. A su parecer, tras un análisis formal, la posibilidad más cercana es que el Consejo de Administración Legislativa (CAL) no califique la solicitud. Pero, a decir de Quintana, ese es exactamente el escenario al que el gobierno apuntó.
De esa manera, explicó que, a su parecer, el presidente Guillermo Lasso tendrá en la mira que, de no aprobarse el proyecto, lo someterá a consulta popular.
En ese mismo sentido, agregó que una visión similar tienen los diferentes bloques de la Asamblea Nacional. Es decir, que la responsabilidad absoluta recaiga en el CAL. De esa manera, el organismo se “deshace” del proyecto antes de que pase a una comisión y, posteriormente, al pleno.
Ese análisis lo hizo debido a que, de enviarse al Ejecutivo para su veto, el presidente podría volver a introducir los artículos que la Asamblea eliminó. Así, el pleno necesitará 92 votos para ratificarse. Los mismos que, según Quintana, actualmente no los tiene. Con ese panorama, el proyecto se aprobaría como allanamiento. “Por el esquema de colegislación, el que tiene las de ganar es el presidente de la República”, resaltó el jurista.
Para Quitana, los ojos deben ponerse a un tema sensible que es el contrato por horas. Así, dijo que debe observarse que el mismo no violente las leyes vigentes.
Consulta popular
De acuerdo con Quintana, el gobierno busca conocer rápidamente el desenlace de la ley. Caso contrario, la someterá a consulta popular. Sin embargo, podría darse que la ciudadanía niegue la propuesta y con eso se abran dos resultados.
El primero es que el presidente no gozaría de la credibilidad suficiente y hasta se vea mermada. El segundo es que, de igual manera, remita el proyecto a la Asamblea sin la interferencia del soberano.
Según Quintana, este proyecto busca reformar más de 30 cuerpos normativos y tiene un eje transversal que consiste en la política económica. Por ese motivo, a su criterio, deberá remitirse a la Comisión de Régimen Económico.
