Fernando Bastias, abogado de los familiares de los cuatro menores desaparecidos y posteriormente asesinados en Guayaquil, tras ser detenidos por una patrulla militar, aseguró este miércoles que la reconstrucción de los hechos, que se llevará a cabo el próximo 30 de enero, será vital para descubrir la verdad de este caso que ha conmocionado al país.
“Este escenario será el más importante porque ahí podremos contrastar la ruta y la veracidad de los testimonios, porque existe un primer testigo que habla sobre la participación de los militares y la presencia de los menores en Taura; y una segunda persona que dice haber oído que la mafia se los había llevado, matado y quemado”, dijo Bastias a la emisora Radio Pichincha.
El jurista explicó que la reconstrucción de los hechos se llevará a cabo desde las 20h00 y el recorrido iniciará desde el Mall del Sur, en Guayaquil, hasta Taura, con la participación de los 16 militares, de sus abogados; de las víctimas (familiares) y sus abogados; también estarán los testigos y el resto del grupo de niños que estuvo el 8 de diciembre de 2024, cuando una patrulla arrestó a Josué Arroyo (14 años), Ismael Arroyo (15 años), y sus amigos Saúl Arboleda (15 años) y Steven Medina (11 años).
“Hacemos un llamado a los medios de comunicación para que nos acompañen durante todo el recorrido que iniciará desde el Mall del Sur en Guayaquil hasta Taura, incluyendo la hora en la que supuestamente esta persona vio a los cuatro niños y también la hora en que hubo esta conversación de que alguien oyó que la mafia se los había llevado, matado y quemado”, indica Bastías.
El abogado insistió en que a la defensa técnica le interesa conocer la verdad, “indistintamente de quién haya sido”.
No obstante, insistió en la responsabilidad del Estado y de los militares en la desaparición forzada de los menores, independientemente de los resultados de la investigación.
“Sobre la desaparición forzada está claro que hubo una detención, una incomunicación y una negativa de reconocimiento de responsabilidad por parte del Estado y de los 16 militares”, dijo.
Según Bastias, cuando se confirmó que los cadáveres encontrados el 24 de diciembre, en las cercanías de la Base Aérea de Taura, eran de los cuatro niños, se inició otra investigación para identificar qué tipo de participación tuvieron los militares.
También mencionó que, tras la declaratoria de conflicto armado interno, por parte del presidente Daniel Noboa en enero del pasado año, las organizaciones sociales y de Derechos Humanos advirtieron al Ejecutivo sobre las consecuencias que esa medida iba a tener sobre la población civil.
“Aquí hay responsabilidad política al menos del ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo, porque durante un año movilizó a las Fuerzas Armadas sin ningún tipo de control, sin fiscalización, sin plan estratégico, sin mecanismo de rendición de cuentas y expuso a la sociedad civil. Más de 80 organizaciones sociales solicitamos el juicio político al ministro para que haya algo de justicia para los cuatro niños de las Malvinas”, mencionó.
El caso de los cuatro menores de Las Malvinas motivó la preocupación de la Unicef y del representante de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en América del Sur (Acnudh), Jan Jarab, que han instado al gobierno a realizar las investigaciones correspondientes y llegar a la verdad.
