El ministro del Interior, John Reimberg, atribuyó este lunes al movimiento indígena la responsabilidad de la ruptura del diálogo con el Gobierno Nacional, en el marco de las protestas que mantienen bloqueadas varias vías en la Sierra Norte, especialmente en la provincia de Imbabura.
Según el funcionario, los representantes indígenas no cumplieron con los acuerdos alcanzados el pasado 15 de octubre en Otavalo, entre ellos la apertura de carreteras como condición para continuar las conversaciones.
“El Gobierno cumplió, ellos no cumplieron. Se cierra el diálogo. A partir de ahora, cualquier cosa que pase será responsabilidad de ellos”, declaró Reimberg tras una reunión en el Palacio de Carondelet.
El ministro recalcó que el Ejecutivo había atendido los compromisos asumidos, entre ellos evitar el uso de la fuerza para la reapertura de vías. Sin embargo, afirmó que los dirigentes indígenas no respetaron los términos acordados, lo que llevó a la suspensión de los acercamientos previstos para este lunes 20.
“Hubo un diálogo, pidieron un diálogo y estuvimos como Gobierno. Llegamos a acuerdos que hemos cumplido y que ellos no han cumplido. Ellos se encargaron de cerrar las puertas del diálogo”, reiteró.
Las vías continúan bloqueadas
Hasta la mañana del lunes, Imbabura registraba al menos 17 cierres viales a lo largo de la Panamericana Norte, según reportes oficiales. Reimberg aseguró que no se planifican operativos violentos para reabrir las carreteras. “La Policía no ha salido, los militares no han estado. Queremos mantener la paz”, indicó.
El ministro también se refirió a las investigaciones sobre los atentados con coches bomba ocurridos en semanas anteriores, y confirmó que los operativos contra la minería ilegal continúan, particularmente en el sector de Buenos Aires.
Añadió que las investigaciones avanzan con apoyo del FBI, y que existen indicios de participación del grupo delictivo Los Lobos.
Más temprano este martes, el ministro de Desarrollo Humano, Harold Burbano, también aseguró que uno de los compromisos cumplidos por parte del Ejecutivo fue no militarizar la zona. “Desde la última reunión realizada con el movimiento indígena de Imbabura en Otavalo, se garantizó que no habría aperturas violentas de las carreteras, y eso se ha venido respetando”, indicó.
Sin embargo, el ministro recordó que el compromiso del movimiento indígena era permitir la circulación vehicular y avanzar hacia una nueva fase del diálogo, centrada en temas como la reparación a las víctimas, tanto de las fuerzas del orden como de los manifestantes.
Burbano lamentó que, pese a lo acordado, el día anterior se emitiera un comunicado que modificó los interlocutores en el proceso, lo cual —dijo— complica la continuidad de las conversaciones. “Respetamos su estructura y autodeterminación, pero no podemos llegar con nuevas condiciones o con actores distintos”, sostuvo.
Finalmente, el ministro expresó su preocupación por la falta de apertura de las carreteras y calificó la situación como un secuestro de la provincia de Imbabura. “Esto ya no se enmarca en el ejercicio del derecho a la protesta social, sino que evidencia otros intereses de carácter político”, advirtió.
La postura de la Conaie
La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), por su parte, rechazó la decisión del Gobierno y sostuvo que “no aceptará conversaciones vacías ni condicionadas por la represión”. La organización denunció el aumento de heridos y detenidos durante las jornadas de protesta, así como lo que calificó como una “política de persecución” en contra del movimiento indígena.
El movimiento reiteró su disposición al diálogo verdadero, siempre que existan garantías y cesen las acciones represivas.
En otra publicación, la CONAIE rechazó las declaraciones del ministro Reimberg, a las que calificó como una “amenaza abierta” y “un intento de justificar la represión” en el marco del paro nacional.
En un comunicado difundido este lunes, la organización advirtió que el discurso oficial “prepara el terreno para falsos positivos, atentados de falsa bandera y montajes destinados a culpar y deslegitimar al movimiento indígena y a la protesta social”.
La CONAIE responsabilizó al Gobierno por cualquier hecho de violencia o provocación que —según afirmó la organización— pudiera ser orquestado “para silenciar la protesta, infundir miedo y fracturar la unidad popular”.
El movimiento indígena llamó a los pueblos y nacionalidades a mantener la unidad, organización y alerta permanente frente a cualquier intento de criminalización o manipulación mediática.
El pronunciamiento se dio horas después de que el ministro Reimberg declarara el cierre definitivo del diálogo entre el Gobierno y las organizaciones indígenas, tras acusarlas de incumplir los acuerdos alcanzados en Otavalo el pasado 15 de octubre.
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