Salvador Quishpe: “Ya sabemos por dónde va la política económica, y eso es preocupante”

El asambleísta nacional por Pachakutik, Salvador Quishpe, en entrevista para el noticiero “A Primera Hora”, de Majestad Radio, admitió su preocupación respecto de la política económica del gobierno del Presidente Guillermo Lasso, pese a que hasta el momento el mandatario no ha presentado un plan específico al respecto: “Ya sabemos por dónde va la política económica del Presidente Lasso, y es preocupante”.

Quishpe citó declaraciones formuladas por voceros del gobierno, y por el propio Presidente Lasso, relacionadas con la entrega al sector privado de activos que están en manos del Estado, como la venta del Banco del Pacífico, o la entrega de la administración de proyectos del sector eléctrico y de la telefónica estatal Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT), temas con los que adelantó Pachakutik no está de acuerdo.

En cuanto a los temas tributarios, el asambleísta señaló que está a la espera del envío por parte del Ejecutivo del anunciado proyecto de reformas en esta materia.  Hasta el momento el gobierno no ha oficializado su contenido, y apenas hay declaraciones iniciales del Ministro de Economía y Finanzas, Simón Cueva, quien dejó entrever la posibilidad de mantener la base imponibles del Impuesto a la Renta, pero analizar la eliminación de o reestructuración de las exoneraciones que están vigentes desde enero de 2008 y que permiten la deducción de gastos personales en salud, educación, vivienda, alimentación y vestimenta.

Frente a ello, Quishpe se mostró de acuerdo con el concepto propio del Impuesto a la Renta, en el sentido del que más gana más paga, pero planteó la necesidad de que al mismo tiempo se combata la elusión y evasión tributaria.

De otro lado, Salvador Quishpe cuestionó la situación de la Contraloría general del Estado, tras la revelación del Presidente de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea, Fernando Villavicencio, en el sentido que se habrían desvanecido más de 4.000 glosas, con un perjuicio al Estado de USD 844 millones en el lapso de 15 años, e insistió en su tesis de que el incendio del edificio de la Institución, ocurrido el 12 de octubre de 2019 fue “a propósito”.