El sector empresarial ecuatoriano manifestó su preocupación por el incremento al 100 % de la tasa de seguridad a las importaciones provenientes de Colombia y advirtió sobre sus efectos en el comercio bilateral, la sostenibilidad de cadenas productivas y la integración regional.
La Cámara de Comercio de Quito (CCQ) y el Comité Empresarial Ecuatoriano reaccionaron tras el anuncio del Gobierno de aplicar la medida desde el 1 de mayo como parte de su estrategia de seguridad fronteriza.
Preocupación por impacto económico y comercial
Ambos gremios coincidieron en que, si bien es legítima la preocupación por la seguridad nacional y la lucha contra el narcotráfico, el alza de la tasa tendrá repercusiones directas en distintos sectores.
“La CCQ reconoce y comparte la legítima preocupación del Gobierno ecuatoriano por reforzar la seguridad fronteriza”, señaló el organismo, aunque advirtió que el incremento “tendrá impacto en sectores productivos, consumidores y cadenas de valor estrechamente relacionadas”.
Por su parte, el Comité Empresarial Ecuatoriano alertó sobre el contexto en el que se adopta la medida. “Mantenemos nuestra gran preocupación por la seguridad nacional y reiteramos nuestra firme postura de cara a los efectos que esta medida tendrá sobre el ya disminuido comercio entre ambas naciones”, indicó.
Riesgos para la integración regional
El sector empresarial también advirtió que la escalada de medidas podría afectar procesos de integración como la Comunidad Andina.
“La preocupante escalada que ha adquirido este conflicto y sus graves derivaciones sobre el comercio bilateral y regional, debe convocar al diálogo urgente como el único mecanismo de solución”, enfatizó el Comité Empresarial.
En la misma línea, la CCQ recordó que Ecuador y Colombia mantienen una relación histórica, marcada por vínculos económicos, sociales y culturales. “Somos pueblos hermanos, unidos por historia, cultura, familias y frontera común”, destacó.
Llamado urgente al diálogo
Frente a este escenario, los gremios hicieron un llamado a ambos gobiernos para retomar las mesas técnicas en materia de seguridad, comercio y energía.
El objetivo, señalaron, es construir soluciones conjuntas que respeten la soberanía de los países y eviten un mayor deterioro en las relaciones bilaterales.
El Gobierno Nacional dispuso que la tasa de seguridad sobre productos colombianos pase del 50 % al 100 % desde el 1 de mayo, argumentando la necesidad de reforzar el control en la frontera norte ante amenazas vinculadas al crimen organizado.
La decisión se da en medio de tensiones diplomáticas entre Ecuador y Colombia, lo que ha generado incertidumbre sobre el futuro del intercambio comercial entre ambos países.
Cámara de Comercio de Guayaquil se suma a advertencia sobre impacto económico
La Cámara de Comercio de Guayaquil expresó su desacuerdo frente al incremento al 100 % de la tasa aduanera aplicada a mercancías provenientes de Colombia, medida que entrará en vigencia el próximo 1 de mayo.
En un pronunciamiento oficial, el gremio advirtió que el aumento profundizará los efectos negativos que ya se evidencian desde la implementación inicial del gravamen.
Caída del comercio y presión sobre empresas
Según el comunicado, desde que se estableció la tasa en 30 % —y luego se elevó al 50 %— las importaciones desde Colombia han caído en un 61 %, mientras que las exportaciones ecuatorianas hacia ese país se han reducido en un 16 %.
El organismo señaló que las empresas importadoras son las principales afectadas, ya que deben asumir directamente el costo adicional. “El comercio que todavía se mantiene desde Colombia ya ingresa con un recargo del 50 %, lo que encarece la operación de las empresas y pone en riesgo plazas de empleo”, indicó.
El gremio advirtió que llevar la tasa al 100 % podría comprometer seriamente la continuidad de las relaciones comerciales entre ambos países.
Además, alertó que la medida podría incentivar prácticas como la informalidad y el contrabando, en un contexto ya complejo para el comercio bilateral.
La Cámara de Comercio de Guayaquil hizo un llamado al Gobierno para reconsiderar la decisión y buscar alternativas que no afecten al sector productivo.
“Es urgente encontrar otras alternativas en la lucha contra el narcotráfico que no impacten el comercio ni la economía de los ciudadanos”, señaló el gremio, que insistió en la necesidad de priorizar el diálogo entre autoridades.
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