La viceministra de Educación, Cinthya Game, alertó que, de acuerdo con estudios de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), existirían 11 años de escolaridad perdida en la región, tras la pandemia por Covid-19. Ante ese escenario, resaltó que el Ministerio de Educación (MinEduc) emitió un acuerdo de flexibilidad de mallas curriculares para estudiantes que tuvieron inconvenientes al recibir sus clases.
De su lado, el psiquiatra Fernando Cornejo, denunció los casos de trabajo infrahumano en el que laboraron los docentes. Así, recordó que existieron maestros que impartieron clases incluso a doble jornada para impartir la educación a los estudiantes que no tenían acceso a mecanismos como internet.
Para la infectóloga infantil, la niñez debe tomarse como una urgencia y con un retorno seguro a clases. Así, ejemplificó que si bien es necesario el uso de alcogel y alcohol, es también prioritario que el Estado provea de agua a todos los sectores para el lavado de manos como principal medida de bioseguridad.
En esa misma línea, la infectóloga alertó que, si existirá el retorno, deberá proveerse de pruebas Covid-19 a las instituciones educativas. Así, para detectar posibles casos y contagios. Sin embargo, también reiteró que es urgente que los niños retornen a la escolaridad para que mantengan un contacto con sus pares. Así, para que puedan tener un correcto desarrollo académico y social.
La problemática
Frente al retorno a clases, la viceministra indicó que, hasta el momento, el 56% de instituciones educativas volvieron a la semipresencialidad. Así, indicó que, de acuerdo con la proforma presupuestaria, el Estado destinará $100 millones al sector de la educación. Además, destacó que existe el programa Apadrina Una Escuela que busca un acuerdo entre el sector público, privado y la ciudadanía.
Cornejo, en cambio, alertó que la salud mental no se ve en su plenitud. Así, mencionó que en niños, adolescentes y jóvenes universitarios se ve que hay trastornos adaptativos en el regreso a clases. Por ello, señaló que el Estado debe garantizar un acompañamiento e intervención psicológica.
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