Lo confirmó la legisladora de Unión por la Esperanza (UNES), Gisela Garzón. Si el pleno del Legislativo no aprueba la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo en casos de Violación, quedará vigente la disposición de la Corte Constitucional (CC). A decir de Garzón, este último es un texto muy técnico y limitado en comparación al proyecto que trabajó la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional.
Garzón explicó que esta posible nueva ley es un punto de partida para que el Estado trate temas como educación sexual y métodos anticonceptivos. Así, dejando de lado cualquier postura personal y mitigar la violencia contra las mujeres.
La legisladora observó que, dados los altos índices de violencia y desigualdad, el Legislativo debe observar a las mujeres que han sobrevivido a una violación. Así, legislar sin posturas personales. “Se trata de la posibilidad de decidir, la ley no obliga a nadie, se pone en el centro a las víctimas que deben acceder al aborto», enfatizó.
La votación
A decir de Garzón, desde que la Corte Constitucional (CC) despenalizó el aborto en casos de violación, 130 mujeres accedieron a esta intervención médica. Así mismo, la Comisión discute el tema desde agosto de 2021 y, a partir de ello, contó con un informe de mayoría y uno de minoría.
La legisladora explicó que el trabajo que realizó la mayoría de la mesa no desconoce lo que implica la realidad nacional, cifras y datos de niñas y mujeres violentadas. Así, dijo que tampoco desconocen el Código Orgánico Integral Penal sobre las causales a favor de las mujeres con discapacidad.
De acuerdo con la asambleísta, de las 130 interrupciones de embarazo, el 80% se dio en el primer trimestre de embarazo. Sin embargo, aún resta conocer el otro 20% que son mujeres, niñas y adolescentes que viven en contextos de violencia y de ausencia estatal. Así, ejemplificó a las mujeres en vulnerabilidad o movilidad humana, “hay un grupo de mujeres que se demoran en llegar a una interrupción”, recordó.
