Un análisis del Observatorio Derechos y Justicia revela que los ataques han dejado un saldo de 25 víctimas mortales. El informe identifica patrones de vulnerabilidad en las rutinas de jueces y fiscales del país.
Ecuador registra un total de 43 atentados contra la integridad y vida de los operadores de justicia entre los años 2020 y 2026. Según los datos recopilados por el Observatorio Derechos y Justicia, estos incidentes han resultado en 25 víctimas mortales hasta la fecha.
La mayoría de las agresiones, que representan el 30% del total, se han dirigido específicamente contra funcionarios de la Fiscalía. El reporte detalla el asesinato de 12 fiscales, 4 jueces, 6 funcionarios fiscales y 3 funcionarios judiciales. Adicionalmente, se contabilizan 9 intentos de asesinato y 9 ataques armados contra dependencias judiciales.
2024: El pico de violencia contra la justicia
El análisis histórico muestra que 2024 se consolidó como el año más violento para el sector, registrando 14 incidentes. Esta cifra representa más del doble de los casos ocurridos en 2023 (7 incidentes) y en 2025 (6 incidentes).
En lo que va del año 2026, ya se han reportado 3 incidentes adicionales: el asesinato de un juez y dos ataques armados a dependencias. Estos datos confirman una tendencia persistente de ataques contra quienes operan el sistema legal ecuatoriano.
Patrones de vulnerabilidad detectados
El Observatorio identificó tres patrones críticos tras analizar los casos registrados. Primero, la mayoría de los funcionarios no contaba con resguardo policial pese a enfrentar amenazas y situaciones de alto riesgo.
En segundo lugar, los trayectos entre el trabajo y el domicilio se identificaron como los espacios más vulnerables para los ataques. Finalmente, los perpetradores aprovechan la rutina cotidiana para actuar, atacando en espacios como restaurantes o las escuelas de los hijos de las víctimas.
Ante esta problemática, el organismo subraya que se requieren “soluciones reales y urgentes”. El informe concluye que el Estado tiene la obligación de garantizar condiciones de seguridad efectivas que aseguren la integridad y la independencia de los operadores de justicia en el país.
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