Por:  Wilson Benavides Vásquez, analista político

De nada le sirvió al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, incidir en el mundial de fútbol 2026 para revertir una decisión arbitral y habilitar a un jugador de ese país expulsado en los 16vos de final. Bélgica derrotó a los estadounidenses 4 por 1 sacándolo del torneo. La realidad terminó imponiéndose a las pretensiones del poder.

La presión política sobre la FIFA surtió efecto pero el resultado en la cancha fue totalmente opuesto al esperado. Lo mismo puede suceder en la política, donde en el caso ecuatoriano, la lógica del poder de turno está intentando incidir no solo en las reglas del juego democrático como ya sucedió en las elecciones de 2025 sino en los actores que compitan en la contienda.

Al menos eso parece indicar las últimas acciones que desde las instituciones de control e incluso judiciales se han adoptado en contra de varios alcaldes de diferentes ciudades, grandes y pequeñas, en todo el territorio nacional. 

La detención del alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, quien permanece en la cárcel del “Encuentro” en la provincia de Santa Elena, fue el punto de partida de un embate contra varias de estas autoridades locales, de signo político distinto al ADN del oficialismo.

No pretendo de modo alguno ratificar la culpabilidad o defender la inocencia de estos alcaldes sino cuestionar el tiempo en el que se producen sus detenciones, pocos meses antes de los comicios seccionales, lo que deja una sombra de duda sobre si esas medidas por legales y legítimas que sean, tienen que ver con el proceso electoral que ya está en marcha. 

Sumado a Álvarez, están también detenidos cuatro alcaldes: de Esmeraldas, Viko Villacís; de Machala, Darío Macas; de Pujilí, José Arroyo; y de Jipijapa, Ángela Plúa, todos ellos en diferentes operativos y luego de un proceso de investigación seguido por la Fiscalía por lavado de activos, enriquecimiento ilícito, entre otros delitos.

Es obvio que como sociedad debemos respaldar la lucha contra la corrupción, pero hacerlo en todos los niveles de gobierno y contando aún con importantes insumos periodísticos como el esfuerzo colaborativo que investigó las declaraciones patrimoniales de alcaldes y prefectos. No podemos dejar de mencionar, por ejemplo, el caso Progen, donde según investigaciones de prensa seria estarían involucradas altas esferas del poder, contra las que simplemente no se toma ninguna acción.

Esta ambigüedad en el tratamiento diferenciado de los casos donde en términos coloquiales “se les cae con todo a los alcaldes” y no se hace nada contra ministros y ex ministros (salvo uno),  hace que la desconfianza en la gestión gubernamental siga incrementándose.

De acuerdo con la última encuesta del CIESS con 820 casos en Quito y Guayaquil, de junio de 2026, el “mal gobierno y la corrupción” ya ingresa a los tres principales problemas de los ecuatorianos con el 17%, por debajo de la inseguridad (57%) y de la situación económica (22%).

Esto repercute, a su vez, en la calificación de gestión del presidente Daniel Noboa, donde el 74% de los encuestados la considera “mala o muy mala” (71% en Quito y 78% en Guayaquil), mientras que 26% sostiene que es “buena” o “muy buena” (29% en Quito y 22% en Guayaquil). 

En este contexto, el estado de ánimo de los ecuatorianos, según la misma encuesta, es de pesimismo (78%) que supera de largo a los optimistas, quienes alcanzan apenas el 22%.

Con cinco alcaldes detenidos, y dos más suspendidos de participar para la reelección como los burgomaestres de Cuenca, Cristian Zamora y Portoviejo, Javier Pincay (a este último se le redujo la suspensión de sus derechos políticos de 2 años a 6 meses), queda claro que la institucionalidad judicial, de control y electoral, está incidiendo en los comicios.

Sumado a esto, la agenda legislativa del oficialismo está centrada en auditar los patrimonios de los alcaldes y en el caso de Quito incluso de fiscalizar la compra de trolebuses y la situación del metro de la ciudad, pese a que los asambleístas no tienen la facultad constitucional y legal de fiscalizar a las autoridades locales, que son sujetas de fiscalización por sus propios concejos cantonales.

Todo esto comprometería la realización de unas elecciones libres, justas y competitivas, que son, al menos en teoría, las condiciones necesarias para la consolidación de toda democracia.

Las tarjetas rojas, también llegaron a Ecuador. El tiempo dirá si la realidad terminará imponiéndose.