El Tribunal Contencioso Electoral (TCE) resolvió sancionar al prefecto del Azuay, Juan Cristóbal Lloret, con una multa de USD 4.700 (equivalente a diez salarios básicos unificados). La decisión se tomó tras determinar que incurrió en una infracción electoral grave al “inducir el voto” a favor de Luisa González en las elecciones anticipadas de 2023.
La resolución fue dictada en primera instancia por el juez Ángel Torres, quien aceptó la denuncia presentada por el activista político Juan Esteban Guarderas. El magistrado concluyó que Lloret, en su calidad de funcionario público, difundió mensajes desde la cuenta de Facebook Jota Lloret Valdivieso para inducir el voto a favor del binomio de la Revolución Ciudadana (RC5).
El fallo se amparó en el numeral 3 del artículo 278 del Código de la Democracia, que prohíbe a servidores públicos “inducir el voto a favor de determinada preferencia electoral o promover aportes económicos en beneficio de una organización o candidato”.
El juez Torres consideró probado que el Prefecto actuó de manera consciente pese a conocer las restricciones legales, lo que configura una infracción electoral grave.
Defensa de Lloret
Durante el proceso, Lloret negó las acusaciones, calificó la denuncia de “vaga y carente de sustento” y alegó que no se habían precisado con claridad el modo, tiempo ni lugar de los hechos. Sin embargo, el tribunal no dio paso a sus argumentos.
La multa contra Lloret se emitió un día después de que otro juez del TCE, Joaquín Viteri, sancionara al alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, también electo por la Revolución Ciudadana, con una multa similar de USD 4.700, por realizar proselitismo a favor de González en el mismo proceso electoral.
Guarderas, denunciante en ambos casos, había solicitado incluso la destitución de Lloret, aunque esta no prosperó. La sanción económica aún puede ser apelada ante el Pleno del TCE.
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