Por: Wilson Benavides Vásquez, analista político
La distancia geográfica y simbólica que los ecuatorianos teníamos con la problemática de inseguridad y violencia de la frontera norte, acaba de diluirse por completo luego de que los atentados con explosivos, carros bomba y armas de grueso calibre contra la fuerza púbica llegaran -entre el 1 y el 3 de noviembre de 2022- al corazón de las ciudades de Guayaquil, Daule, Esmeraldas y Santo Domingo de los Tsáchilas.
Hace casi 5 años, en febrero de 2018 durante el gobierno de Lenin Moreno, el grupo Oliver Sinisterra, disidente de las FARC, colocó un coche bomba en el cuartel de policía de San Lorenzo, en la frontera norte, provincia de Esmeraldas, que desencadenó durante tres meses una ola de violencia nunca antes vista que incluyó ataques con explosivos a la fuerza pública y el secuestro y posterior asesinato de una pareja de civiles así como de un equipo periodístico del diario El Comercio, cuyos pormenores no se conocen hasta el momento porque la información sobre el caso aún no se desclasifica.
Estos ataques terroristas se diferenciaron de los actuales en dos puntos clave. Uno, estaban localizados geográficamente produciéndose en la línea de frontera entre Ecuador y Colombia y; dos, los autores fueron identificados con claridad desde un inicio: Walter Arízala, alias “Wacho” y su grupo disidente.
A diferencia de 2018, hoy el escenario de estos atentados de 2022 se trasladó desde la frontera hasta las ciudades, ni tampoco se define con claridad cuáles son sus mentalizadores u organizaciones específicas que están detrás de los mismos, más allá de algunos panfletos o varios videos en redes sociales de grupos de reos encapuchados con demandas de todo tipo.
Pero este “golpe” de realidad previo al feriado más largo de este año ya se venía gestando desde inicios del 2021 cuando comenzaron las masacres carcelarias en la Penitenciaría del Litoral, el complejo carcelario de Latacunga (Cotopaxi), la cárcel de Turi en Cuenca (Azuay) y el centro de rehabilitación social “Bellavista” en Santo Domingo de los Tsáchilas debido a la disputa de poder de al menos tres bandas criminales (Los Choneros, Lobos y Tiguerones) quienes hicieron sentir su deshumanizada influencia al interior de esos reclusorios que -entre 2021 y lo que va de este año- ha dejado cerca de 400 muertos.
| Fecha | Lugar | Fallecidos |
| 23 febrero 2021 | Penitenciaría del Litoral | 81 |
| 21 julio 2021 | Complejo carcelario Latacunga | 21 |
| 28 septiembre 2021 | Penitenciaría del Litoral | 125 |
| 12-13 noviembre 2021 | Penitenciaría del Litoral | 65 |
| 3 abril 2022 | Complejo Carcelario El Turi-Cuenca | 20 |
| 9 mayo 2022 | Cárcel Bellavista Santo Domingo | 44 |
| 18 julio 2022 | Cárcel Bellavista Santo Domingo | 12 |
| 3 octubre 2022 | Complejo carcelario Latacunga | 15 |
| 5 octubre 2022 | Penitenciaría del Litoral | 13 |
| 396 |
Las cárceles se legitimaron así como “no lugares”, como “zonas grises del crimen organizado”, como “santuarios” caracterizados por la ausencia del Estado, la subcultura de las economías ilícitas y la “ley del más fuerte” con sus perversas formas de control como la extorsión y el sicariato.
Formas que desde hace unos meses han atravesado los muros de las prisiones para instalarse -en conexión directa con los detenidos- en los barrios de las ciudades, como lo denunció un alto oficial de la Policía en Esmeraldas, luego de lo cual fue relevado de su cargo.
Es ya parte del paisaje social escuchar de asaltos violentos, robos, extorsiones (mal llamadas “vacunas”) a dueños de todo tipo de negocios, profesionales exitosos e incluso a ciudadanos comunes y corrientes. La violencia en los actos ilícitos se ha incrementado hasta niveles inimaginables. En la actualidad, por robarte un celular o poca cantidad de dinero, te pueden disparar. Eso no se había visto nunca antes.
En el plano del discurso, las explicaciones oficiales como que la ola delictiva es una respuesta a la “acción” del gobierno por las incautaciones de droga o que detrás -tanto de las masacres carcelarias como de la arremetida de la delincuencia- están actores políticos de la oposición, suenan poco creíbles sobre todo porque se percibe que es más bien la “inacción” del régimen la que nos ha traído a esta situación.
En la realidad, en lo que va de 2022, el gobierno ha decretado varios estados de excepción que también resultan poco eficaces a la luz de los resultados y en la medida en que los hechos delictivos siguen cometiéndose incluso durante su plena vigencia.
Sin embargo, tras la última intervención en la Penitenciaría del Litoral este 3 de noviembre último, las fuerzas de seguridad lograron retomar el control de ese centro carcelario y trasladar a varios de los cabecillas a otros reclusorios. El operativo -que incluyó a cuerpos élite de la policía y las fuerzas armadas- dejó sin embargo 18 heridos.
Quizá si en 2021, el Estado actuaba en las cárceles con la contundencia que lo hizo en esta última intervención, no se hubiesen registrado las masacres carcelarias o al menos, no en esa magnitud.
Como sucedió en junio pasado durante el paro impulsado por las organizaciones indígenas, un agencioso sector de nuestra clase política ya levanta voces en la Asamblea Nacional para aplicar la “muerte cruzada” con el argumento de la “conmoción interna” que vive el país por la inseguridad, sin que hasta el momento se vea alineamientos definitivos en torno a conseguir entre las diferentes bancadas los 92 votos necesarios para su implementación práctica. Tampoco queda claro si este sector parlamentario podrá activar dos veces ese mecanismo durante un mismo periodo presidencial.
Lo cierto es que febrero de 2018 y noviembre de 2022 pasarán a la historia como los meses en los que el Ecuador conoció el terrorismo. Ojalá no tengan que pasar otros cinco años para que se tomen medidas para desarticular un flagelo del que no hay retorno.
La opinión de Wilson Benavides.
