El oficio lo remitió Joseph Santiago Díaz Asque, procurador común de la agrupación Unión por la Esperanza. Sobre la base de una investigación del medio de comunicación argentino Página 12, Díaz explica que el candidato a la Presidencia por CREO, Guillermo Lasso estaría vinculado con empresas off shore. Así, explica que el candidato incurriría en el artículo 96, numeral 9 de la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas, Código de la Democracia.
En el documento, Díaz explica que Lasso usa «mecanismos elusivos, que lo afectan no solo directamente sino que también involucran a su círculo familiar». Es decir, el candidato Guillermo Lasso estaría usando el nombre de sus familiares como representantes de sus empresas en parísos fiscales. Pero además, agregó que la práctica de usar el nombre su su círculo cercano, se produce en cada ocasión que debe postularse para una dignidad.
Uno de los mecanismos que usaría Lasso, sería la figura de fideicomisos. Es decir, Lasso escondería «empresas off shore con domicilio en Panamá», explica el Procurador. Estos fideicomisos serían parte del paquete accionario del Banco de Guayaquil, del cual Lasso es accionista.
Consulta popular de 2017
La consulta popular de 2017, literalmente preguntó «¿Está usted de acuerdo en que, para desempeñar una dignidad de elección popular o para ser servidor público, se establezca como prohibición tener bienes o capitales, de cualquier naturaleza, en paraísos fiscales?». Con ello, la idea consistía en que aquellos que deseen ser candidatos a una dignidad de elección popular, debían retornar sus cuentas en el exterior a Ecuador. A la propuesta la llamaron «pacto ético».
La consulta popular logró la aceptación con el 54% de votos a favor. Posteriormente, la Asamblea Nacional incluyó la normativa en el Código de la Democracia. Esta acción, produjo el primer resquebrajamiento en el Legislativo en la alianza CREO y Suma que, de allí en adelante, se han mantenido tomando decisiones individuales.