El partido Unidad Popular anunció este lunes que acudirá al Tribunal Contencioso Electoral (TCE) y a la Corte Constitucional, y no descartó acciones en instancias internacionales tras la cancelación de su personería jurídica por parte del Consejo Nacional Electoral (CNE).
El director nacional de la organización, Geovanni Atarihuana, aseguró que agotarán todas las vías legales disponibles, comenzando por el TCE, al considerar que la resolución vulnera derechos de participación y el debido proceso.
Atarihuana calificó como un “fraude contra la democracia” la decisión del organismo electoral, que también afectó a la organización Construye. Según el dirigente, el proceso estuvo “viciado” y careció de criterios técnicos y jurídicos.
Entre sus observaciones, mencionó convocatorias en horarios inusuales, participación de consejeros suplentes y ausencia de miembros principales en momentos clave de la resolución.
Además, cuestionó el argumento del CNE sobre una supuesta reducción del 50 % de afiliados. Según Unidad Popular, los registros oficiales reflejan apenas 1.483 desafiliaciones en seis años, lo que representaría el 0,7 % de su padrón.
Debate por plazos y calendario electoral
El dirigente también sostuvo que la cancelación se produjo fuera del plazo legal. Según indicó, el Código de la Democracia establece que estos procesos deben resolverse hasta 120 días antes de la convocatoria a elecciones, plazo que —según afirmó— venció el 3 de abril.
Atarihuana vinculó esta decisión con el cambio en el calendario electoral, que adelantó las elecciones seccionales para el 29 de noviembre de 2026, lo que, a su criterio, respondería a intereses políticos.
Unidad Popular insiste en participar en elecciones
Pese a la cancelación, la organización aseguró que buscará participar en los próximos comicios con candidatos propios y no descarta alianzas con otros movimientos políticos.
Asimismo, anunció que se sumará a movilizaciones sociales, como las previstas por el Día del Trabajo, e hizo un llamado a otras fuerzas políticas a pronunciarse frente a la decisión electoral.
CNE defiende la legalidad del proceso
Por su parte, el Consejo Nacional Electoral sostuvo que el procedimiento se realizó conforme a la ley, en base al artículo 327 del Código de la Democracia, y que se garantizó el derecho a la defensa.
El organismo indicó que otorgó un plazo de 10 días para que las organizaciones presentaran documentación que respalde el número de afiliados exigido por la normativa.
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