El Laboratorio del Estado de Derecho de la Facultad de Derecho de la Universidad de Nueva York (NYU) publicó este martes, 22 de septiembre, un reporte en el que sostiene que el Gobierno del presidente Daniel Noboa ha tomado “represalias” contra la Corte Constitucional por decisiones que han limitado actuaciones del Ejecutivo.

El estudio identifica acciones de deslegitimación, intimidación a jueces, procesos penales y medidas que, según sus autores, buscan restringir las atribuciones y el funcionamiento de la Corte. El documento se titula Represalias del Poder Ejecutivo contra la Corte Constitucional del Ecuador: El Estado de derecho bajo amenaza.

Reporte identifica cinco líneas de actuación

Según el Laboratorio del Estado de Derecho de NYU, su investigación analiza la relación entre el Ejecutivo y la Corte Constitucional a partir de las decisiones adoptadas por ese organismo frente a estados de excepción, políticas de seguridad y leyes económicas promovidas por el Gobierno.

El reporte sostiene que las actuaciones que considera represalias pueden agruparse en cinco ámbitos: la deslegitimación pública de la Corte; la intimidación y exposición pública de sus jueces; el uso de procesos penales contra magistrados; medidas destinadas a limitar las competencias e independencia del organismo; y restricciones administrativas que afectarían su funcionamiento.

La página de NYU dedicada a Ecuador señala que la Corte ha avalado algunas medidas de excepción y ha limitado o rechazado otras. El Laboratorio considera que, ante decisiones que restringieron determinadas políticas gubernamentales, Noboa cuestionó públicamente a la institución y su actuación.

NYU menciona marcha contra la Corte Constitucional

Entre los episodios examinados, el reporte incluye la marcha encabezada por Noboa el 12 de agosto de 2025, después de que la Corte suspendiera provisionalmente disposiciones de leyes relacionadas con seguridad.

Según el documento, durante esa movilización se exhibieron vallas con los nombres y rostros de jueces constitucionales acompañados de mensajes acusatorios. El informe también recoge declaraciones realizadas previamente por funcionarios gubernamentales contra la Corte.

Informe cuestiona procesos contra jueces

El reporte también analiza investigaciones y procedimientos contra integrantes de la Corte y plantea que los procesos penales o de fiscalización contra jueces deben sustentarse en elementos objetivos sobre posibles irregularidades.

En sus conclusiones, el Laboratorio sostiene que las investigaciones utilizadas como represalia y los intentos de reducir las facultades de la Corte pueden afectar su independencia.

“Ante los excesos del presidente Noboa en el ejercicio del poder ejecutivo, la Corte Constitucional de Ecuador se ha erigido como el principal contrapeso frente al abuso de dicho poder”, afirmó en un comunicado de prensa, Amrit Singh, directora académica del Laboratorio.

Reporte plantea recomendaciones al Gobierno

El documento recomienda al Ejecutivo cumplir las decisiones de la Corte Constitucional y garantizar su independencia institucional, financiera, operativa y de seguridad.

También plantea que las investigaciones penales y los procedimientos de fiscalización relacionados con jueces se sustenten en indicios objetivos y no sean empleados, según sus términos, como mecanismos de represalia por decisiones judiciales.

El Laboratorio pide además abstenerse de impulsar reformas que sometan a los jueces constitucionales a controles políticos, reduzcan las atribuciones de la Corte o afecten su independencia.

Adriana García, integrante del Laboratorio, sostuvo en el comunicado que el Gobierno debe cumplir las decisiones del organismo y evitar utilizar instituciones públicas para presionar a sus jueces. García forma parte del equipo de NYU especializado en Estado de derecho, derechos humanos e independencia judicial.

Piden seguimiento internacional

El reporte también dirige recomendaciones a organismos regionales, gobiernos e instituciones internacionales que mantienen cooperación con Ecuador.

Según el documento, estas entidades deberían dar seguimiento a posibles amenazas contra la Corte Constitucional, solicitar información al Estado ecuatoriano y utilizar los mecanismos diplomáticos y de protección disponibles cuando corresponda.

También plantea que los socios internacionales verifiquen que su cooperación en seguridad y gobernanza no sea utilizada para interferir en el funcionamiento de la Corte o afectar su independencia.

El Laboratorio del Estado de Derecho de la Facultad de Derecho de la Universidad de Nueva York (NYU) se define como un instituto apartidista dedicado a la investigación, documentación, litigio e incidencia en asuntos relacionados con la democracia y el Estado de derecho.