Durante el Foro de Infraestructura, organizado por Seminarium e InfraMonitor el Gobierno explicó que busca capital privado para 18 obras logísticas clave.

Ecuador enfrenta una brecha de infraestructura de 72.000 millones de dólares proyectada hasta el año 2030. El cálculo abarca necesidades urgentes en los sectores de transporte, agua potable, saneamiento y telecomunicaciones a escala nacional.

Frente a esta iliquidez estatal, el ministro de Infraestructura y Tecnología, Roberto Luque, presentó el Plan Nacional de Repotenciación Logística. El programa contempla 18 proyectos estratégicos valorados en aproximadamente 2.500 millones de dólares.

Apuesta total a la inversión privada

El Gobierno admitió que el Estado carece de capacidad financiera para asumir estas obras de forma independiente. Actualmente, nueve de los 18 proyectos previstos en el portafolio gubernamental se encuentran en fase de ejecución.

El plan estatal apunta a captar recursos privados mediante alianzas público-privadas y concesiones. La iniciativa se debatió durante el I Foro Ecuatoriano de Infraestructura, organizado por las firmas Seminarium e InfraMonitor en Quito.

Crecimiento del sector portuario

La urgencia por mejorar la logística coincide con el incremento del comercio exterior. El viceministro de Economía, Francisco Zalles, informó que el país movilizó 63,4 millones de toneladas de carga portuaria durante 2025.

La Autoridad Portuaria de Guayaquil lideró la operativa comercial con 13,5 millones de toneladas de carga. Esta cifra representó un crecimiento del 34 % en comparación con el periodo previo.

Riesgos financieros y control estatal

Especialistas internacionales reunidos en el foro enfatizaron la necesidad de regular de forma estricta las concesiones privadas. El economista Eduardo Engel advirtió que las alianzas público-privadas requieren una adecuada distribución de riesgos operativos.

Los analistas concluyeron que el Estado debe fortalecer sus capacidades de supervisión contractual. El objetivo prioritario busca evitar sobrecostos, fallas de mantenimiento y el deterioro de los servicios públicos transferidos a manos privadas.