Finalmente, los USD 2.000 millones que había aprobado el Fondo Monetario Internacional (FMI) para Ecuador, llegó el miércoles 23 de diciembre de 2020. De acuerdo a la información del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) aún restan USD 2.500 millones de desembolso para cumplir con los USD 6.500 millones que el país solicitó al multilateral.
Los primeros USD 4.000 millones ya llegaron en el transcurso del 2020. Para 2021, el país espera obtener USD 1.500 millones más. Así mismo, los USD 1.000 restantes, están programados para 2022. Las condiciones del respaldo financiero tienen un plazo de 10 años, con 4 de gracia, y una tasa de interés variable de alrededor del 2,9%.
El titular del MEF, Mauricio Pozo, indicó que este no es el único préstamo que llegó en el último mes. De acuerdo al reporte, la cantidad que el país recibió durante diciembre asciende a USD 2.913. Ello corresponde a los USD 514 millones del Banco Mundial, USD 261 millones del Banco Interamericano de Desarrollo y USD 138 millones del Banco de Desarrollo de América Latina (CAF).
Destino del préstamo del FMI
El ministro de Economía y Finanzas destacó que el monto que desembolsó el FMI en esta ocasión, tiene como destino una estructura de prioridades. Las principales de ellas consisten en atender gastos relacionados con salud, educación y protección social. Así mismo, agregó que los recursos recibidos servirán también para reducir atrasos que tiene la caja fiscal con proveedores. En este sentido, también se encuentran los Gobiernos Autónomos Descentralizados y otras entidades relacionadas con el Presupuesto General del Estado. Además, indicó que «con estos pagos se inyecta liquidez a la economía y se aporta a su reactivación», informó la Secretaría de Comunicación en un boletín.
«Las decisiones impulsadas para combatir la corrupción también han sido reconocidas por el FMI, como la aprobación de la Ley Anticorrupción por parte de la Asamblea Nacional. En este ámbito, además, el gobierno avanza en el trabajo con la Contraloría General del Estado para mejorar la publicación y disponibilidad de información detallada de las declaraciones patrimoniales de oficiales públicos con altos cargos», añade el comunicado.
