El exconsejero de Participación Ciudadana, Augusto Verduga, solicitó que la jueza Daniella Camacho no continúe al frente del proceso judicial por asociación ilícita dentro del caso Liga2, debido a una supuesta enemistad manifiesta. Verduga argumentó que la jueza no puede garantizar imparcialidad, ya que —según su defensa— él había expresado públicamente críticas hacia ella mucho antes de convertirse en funcionario.

La audiencia se desarrolló la tarde del lunes 23 de junio ante el juez de la Corte Nacional Felipe Córdova, quien escuchó los argumentos del abogado Cristhian Vera, defensor de Verduga. Vera presentó como prueba cuatro publicaciones en la red social X (antes Twitter), entre 2018 y 2022, en las que Verduga cuestionó decisiones judiciales adoptadas por Camacho en casos de alto perfil, como Sobornos 2012-2016 y el proceso contra los hermanos Isaías.

Durante su intervención, Vera señaló que esas críticas, además de ciertas diligencias judiciales autorizadas por Camacho, generaron una confrontación pública documentada que comprometería la objetividad en el caso actual.

Por su parte, la jueza Camacho no asistió a la audiencia, pero envió un escrito en el que respondió que la ley exige que la enemistad manifiesta provenga del juez hacia el procesado, y no al revés. Sostuvo que las críticas hechas por Verduga no alcanzan el estándar legal para justificar su recusación, pues el escrutinio público no invalida la imparcialidad del juez.

Desde México, donde permanece en calidad de refugiado, Verduga presentó sus alegatos finales por vía telemática. En su intervención pidió un juicio justo y cuestionó que el proceso esté en manos de una magistrada que —según él— ha tenido razones personales e institucionales para actuar con animadversión. “La jueza Camacho no puede juzgarme”, afirmó.

El juez Felipe Córdova suspendió la audiencia tras evacuar las pruebas y escuchar a ambas partes. Citó a los involucrados para este martes 24 de junio a las 12:15, cuando dará a conocer su decisión.

El caso Liga2 involucra a siete personas —incluido Verduga— a quienes la Fiscalía acusa de participar en una presunta estrategia para tomar el control de instituciones del Estado en favor del movimiento político Revolución Ciudadana. También enfrentan cargos Eduardo Franco Loor, Yadira Saltos, Nicole Bonifaz, Andrés Arauz, Raúl González y Esther Cuesta.