La vicepresidenta Verónica Abad apelará la sentencia emitida por el juez del Tribunal Contencioso Electoral (TCE), Guillermo Ortega, que suspendió sus derechos de participación y le impuso una multa de 14.100 dólares, luego de que el magistrado aceptara una denuncia por violencia política de género presentada por la canciller, Gabriela Sommerfeld.
Abad, quien se presentó este viernes 28 de febrero, en la Asamblea Nacional para insistir en la fiscalización a ministros de Estado por su caso, calificó como una “cortina de humo” la sentencia del TCE “para desviar la atención del país de los temas realmente importantes”.
“Lo que está pasando con la vicepresidenta es la cortina de humo más grande para que usted se deje de preguntar lo verdaderamente importante en el país”, reiteró.
La vicemandataria también consideró que “han actuado en injusticia, han actuado sin pruebas”, manifestó.
Por su parte, la abogada Dominique Ávila, quien forma parte del equipo de defensa de Abad, detalló que presentarán los recursos pertinentes frente a la sentencia emitida por el juez Ortega del TCE, como ampliación y aclaración, y la apelación.
Afirmó que la suspensión de los derechos de participación de su cliente es “abiertamente inconstitucional”.
“Lo primero es darle lectura a esta ilustrada sentencia que ha emitido el señor juez electoral, Guillermo Ortega, que necesita de todo nuestro razonamiento jurídico para identificar todas las falacias y los vacíos de motivación que tiene la sentencia. Con eso nosotros vamos a determinar si lo propio es apelar directamente o presentar un recurso de aclaración y ampliación, si es que hay puntos de debate que se discutieron en audiencia que no han sido resueltos”, aclaró.
La noche de este jueves, 27 de febrero, se dio a conocer la sentencia del juez Ortega, con la cual suspendió los derechos de participación de la vicepresidenta Abad por dos años y le impuso una multa de 14.100 dólares, equivalente a 30 salarios básicos unificados (SBU).
En su resolución, Ortega también dispuso que Abad pida disculpas públicas a Sommerfeld, mediante una publicación, a su costa, en un diario de amplia circulación a nivel nacional.
Aunque la sentencia es de primera instancia y puede ser apelada ante el Pleno del TCE, el juez dispuso remitir copias al Ministerio de Trabajo, para que se inscriba en el archivo a su cargo. Así, Abad tendrá impedimento de ejercer un cargo público por dos años.
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