Después que la Corte Constitucional aceptara ocho preguntas para la consulta popular que busca el Ejecutivo, Fabián Pozo, secretario jurídico de la Presidencia, comunicó que el paso siguiente es la convocatoria, mediante decreto ejecutivo, al referéndum.
“Avanza la consulta”, resaltó el funcionario. Así, indicó que hubo dos momentos de control constitucional. Primero, el dictamen de procedimiento que se superó anteriormente; después, el dictamen de fondo “que dice que las preguntas y los considerandos introductorios son constitucionales. Entonces, puede pronunciarse el pueblo”, señaló Pozo.
Con ello, restaría conocer el dictamen sobre tres preguntas más. Sin embargo, el Secretario mencionó que las mismas “no implican una modificación en la Constitución. Son preguntas de plebiscito que no requieren dictamen de vía, sino solamente sentencia sobre el fondo. Es decir, pasan directo al segundo momento del control constitucional”. Pero, “como ingresaron después, sigue el trámite. La Corte Constitucional debe pronunciarse”, asumió.
Hasta el momento, el Ejecutivo no sabe de la fecha en la que se conocerá el dictamen. Sin embargo, recordó que los plazos en la ley empiezan a correr desde que se avoca conocimiento. Tras ello, el pleno de la Corte Constitucional tiene 20 días. “Ese plazo no está corriendo todavía”, dijo Pozo.
Sobre esto último, el funcionario indicó que la corte, en estos procedimientos, “ha sido muy ágil, pero también muy profunda en sus análisis. Nosotros respetamos esos procedimientos con total independencia”.
La consulta popular
De acuerdo con Pozo, una vez que el presidente Guillermo Lasso firme el decreto sobre la consulta popular, lo entregará al Consejo Nacional Electoral. El organismo tiene 15 días para convocar a referendo, mismo que debería realizarse máximo en 60 días. “Eso, seguramente, coincidirá con la fecha de las elecciones seccionales”, concluyó.
Las elecciones seccionales se realizarán el próximo 5 de febrero de 2023. En dicha fecha, los ecuatorianos también elegirán a los siete delegados del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social.