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Vicepresidenta Abad calificó fallo del Ministerio de Trabajo como una “violación a la Constitución” 

La vicepresidenta Verónica Abad, calificó el fallo del Ministerio de Trabajo en su contra como una “violación a la Constitución y a las leyes ecuatorianas”.

Mediante un video de casi siete minutos publicado la noche de este domingo, 10 de noviembre, en sus redes sociales, la vicemandataria se defendió del fallo de un proceso administrativo en su contra, impulsado por el Ministerio del Trabajo, que la suspendió 150 días del cargo sin remuneración.

Pretenden inhabilitarme por cinco meses por una falta no cometida y sin prueba alguna, con el solo objetivo de que no asuma la presidencia de la República cuando el presidente – candidato entre en su campaña electoral”, aseveró la funcionaria.

Señaló que el presidente Daniel Noboa y sus ministros utilizan “argumentos propios de una dictadura”, pues han preparado la ruptura del orden constitucional y un evidente golpe de Estado para tomarse la sucesión presidencial y asegurar la reelección.

Abad llamó a la Fiscalía, a la Asamblea Nacional (Parlamento) y la Contraloría a intervenir en lo que considera una «grosera violación a la Constitución y a las leyes ecuatorianas».

Este sábado, el Ministerio de Trabajo anunció la sanción de 150 días de suspensión, sin remuneración, a la vicejefa de Estado, por «abandono injustificado del trabajo por tres o más días laborales».

Específicamente, la vicemandataria, que en diciembre de 2023 fue enviada a Israel como embajadora por orden de Noboa, fue sancionada por el abandono injustificado del puesto de trabajo por tres o más días laborables consecutivos, ya que demoró su traslado a Türkiye, como decidió la Cancillería.

La decisión llega en medio del proceso electoral en el que Noboa es uno de los candidatos a la jefatura del Ejecutivo y, según la ley, para hacer campaña electoral, debe delegar temporalmente el cargo en su vicepresidenta, con quien mantiene una controversia política.

Políticos de izquierda y de derecha, así como juristas y analistas rechazaron la medida administrativa impuesta contra Abad, la cual calificaron de ilegal e inconstitucional.

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