Con 99 votos afirmativos, 16 negativos y 10 abstenciones, el Pleno de la Asamblea Nacional concedió amnistías a 268 personas, que fueron judicializadas por ejercer el derecho propio y derechos colectivos reconocidos en la Constitución e instrumentos internacionales, como las movilizaciones de Octubre de 2019.
La sesión N° 767, que duró hasta las cuatro de la mañana de este jueves 10 de marzo de 2022, evaluó el informe de la Comisión de Garantías Constitucionales durante más de 7 horas. El documento buscaba brindar amnistía a 272 personas, entre ellas perseguidos políticos y encarcelados.
De las 268 personas amnistiadas, 60 pertenecen al caso “judicializados por ejercer el derecho a la resistencia y protesta social – octubre 2019”; 153 a “defensores de los territorios comunitarios”; 12 a “administración de justicia indígena “; y, 43 a “defensores de la naturaleza”.
El legislador Mario Ruiz, ponente del informe no vinculante, resaltó que la Comisión de Garantías Constitucionales evaluó cada uno de los casos de forma prolija.
“El propósito de las amnistías es volver a la pacificación a nuestra sociedad y para una reconciliación nacional. Vamos en unidad”, dijo Ruiz.
La presidenta de la Asamblea Nacional, Guadalupe Llori, calificó de “trascendental” a la decisión del Legislativo. “Con este acto de justicia se ha devuelto la paz a nuestros compañeros. Los luchadores populares, defensores de los derechos humanos, del agua y la naturaleza y a todas sus familias hoy recuperan su libertad luego de haber sido judicializados por ejercer su derecho a la resistencia”, señaló.
El debate del Parlamento identificó el estado procesal de la causa, el proceso judicial, la acción o infracción, dependencia jurisdiccional. Analizó las causa y conclusiones con los nombres de los ciudadanos que solicitaron amnistía.
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