Cuatro concejales de Quito presentaron ante la Contraloría General del Estado una solicitud para que se investigue la presunta vinculación del alcalde de Quito, Santiago Guarderas, en paraísos fiscales.
Los concejales Luis Reina, Soledad Benítez, Blanca Paucar y Paulina Izurieta realizaron la diligencia “con nueva información oficial”, la mañana de este martes 26 de abril de 2022.
“Tenemos información de la Superintendencia de Compañías… Pedimos que el ente de control, la Contraloría, haga la investigación y determine las responsabilidades y acciones que corresponden… Tenemos la información de que Santiago Guarderas es socio de Coppa & PI Inmobiliaria y Quevedo & Ponce Incorporated”, dijo Reina.
La concejala Benítez manifestó que Guarderas “debería ser consecuente. Mientras no se tenga claridad sobre este proceso, lo lógico sería que dé un paso al costado”.
Esta acción ocurre tras la decisión de la Contraloría de archivar la investigación que se realizaba respecto a la supuesta tenencia de bienes o capitales en paraísos fiscales por parte del alcalde de Quito. Así lo informó el burgomaestre esta mañana a través de un comunicado publicado en su cuenta de Twitter.
“Luego de recabar y analizar toda la información y documentación, el 8 de abril de 2022, el Contralor, Juez natural para conocer de esta presunta infracción, una vez que comprobado que al momento de inscribir mi candidatura no era propietario de bienes o capitales en paraísos fiscales ni en ningún otro país fuera de Ecuador, dictaminó archivar el proceso”, detalla el documento.
En Ecuador, la prohibición de poseer recursos en paraísos fiscales tuvo su origen en la consulta popular de febrero de 2017. El sí se impuso con el 55,12% de los votos, según el registro del Consejo Nacional Electoral.