Los pueblos A’i Cofán de Sinangoe y Waorani de Pastaza presentaron, este martes 6 de septiembre, una acción de incumplimiento ante la Corte Constitucional. Exigen al Gobierno que cumpla con las sentencias de 2018 y 2019 en defensa de sus territorios ancestrales contra actividades petroleras y mineras.
El presidente de la Conaie, Leonidas Iza, señaló que la Corte Constitucional “debe cumplir con la decisión de la justicia ordinaria en favor de los pueblos y nacionalidades”.
Iza puntualizó que los tribunales fallaron a favor de las comunidades por dos razones:
- No se garantizó el derecho a la consulta previa, libre e informada en los territorios donde se están desarrollando actividades extractivas y mineras.
- El derecho a la autodeterminación, que es reconocido en la Constitución y en el derecho internacional, que el Estado ecuatoriano firmó.
Además, el dirigente detalló que este tema se trató en las mesas de diálogo con el gobierno nacional, en la mesa temática N°5 referente a extractivismo.
Iza agregó que también han presentado, en la mesa N° 6, los mecanismos de respeto a los 21 derechos colectivos. Esto implica: consulta previa, libre e informada, autogobierno y territorio.
¿Qué implican las sentencias?
La sentencia del Caso Sinangoe ordenó al Ministerio de Energía y Minas la reversión de 20 concesiones mineras y el archivo definitivo de 32 más. También dispuso al Ministerio de Ambiente la restauración de la zona afectada por la actividad minera.
En un comunicado, los pueblos indígenas subrayan que “el Ministerio de Energía únicamente suspendió las concesiones, sin revertirlas al Estado; mientras que, el Ministerio de Ambiente no ha realizado las acciones de restauración”.
En el caso de las 16 comunidades Waorani, la sentencia de la Corte Provincial de Pastaza ordenó la capacitación continua a los funcionarios del Ministerio de Ambiente y del Ministerio de Energía para la comprensión de los derechos colectivos. “Esta formación debe desarrollarse con la participación de las comunidades, pero esto no ocurrió”, advierten.
Las comunidades Waorani piden a la Corte Constitucional declarar nulo todo proceso de socialización realizados por el Estado respecto del bloque 22, ya que esto provocó la vulneración de sus derechos.
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