Con 120 votos a favor, el Pleno de la Asamblea Nacional aprobó, la noche del 7 de noviembre de 2022, la resolución que condena la violencia perpetrada por el crimen organizado en el territorio nacional.
Durante casi seis horas de debate, el Pleno del Legislativo, presidido por Virgilio Saquicela, se solidarizó con el pueblo ecuatoriano; y, en particular, con las familias de las víctimas de los atentados desencadenados en varias provincias del país.
Los legisladores respaldaron las acciones encaminadas a retomar el control de los centros de privación de libertad. No obstante, cuestionaron la desidia, la falta de estrategia, de inversión y de acciones concretas y eficaces para enfrentar la crítica situación de inseguridad que enfrenta el país.
La resolución
El texto resolutivo, propuesto por el asambleísta Ramiro Narváez, presidente de la Comisión de Seguridad, contiene 17 artículos. En uno de ellos, ratifica el apoyo del Parlamento a la Policía Nacional, Fuerzas Armadas (FF.AA.) y el Cuerpo de Seguridad y Vigilancia Penitenciaria. Esto, conforme a los principios del uso legítimo de la fuerza, en cumplimiento de su deber legal de salvaguardar la vida, la integridad, los bienes y el pleno ejercicio de los derechos de los ciudadanos.
Solicita al Gobierno nacional la asignación de recursos presupuestarios necesarios para cumplir su deber de forma ágil, oportuna, efectiva y eficaz.
Exhorta a las funciones Ejecutiva y Judicial que, en el marco de la independencia de funciones del Estado y de conformidad con sus competencias, activen los mecanismos institucionales para la investigación y sanción de los responsables de los actos terroristas de los últimos días.
De igual manera, solicita que en un plazo máximo de diez días las entidades convocadas por el Presidente de la Asamblea Nacional a la Mesa de Seguridad presenten la identificación de necesidades de reforma legislativa para su incorporación en la Ley Orgánica que Regula Varios Cuerpos Legales para el Fortalecimiento Institucional y la Seguridad Integral en trámite en la Comisión de Seguridad.
Declara como prioridad estatal y convoca a todas las funciones del Estado a una gran cruzada por la “depuración, reestructuración y fortalecimiento institucional” de las principales entidades vinculadas a la seguridad como la Policía Nacional, FF.AA, Cuerpo de Seguridad Penitenciaria y Función Judicial, conforme a la convocatoria y resolución aprobada por la Comisión de Seguridad.
Otras disposiciones
Entre otras disposiciones, solicita al Gobierno que, en el plazo máximo de 15 días desde la aprobación de la presente resolución, presente el desglose de la inversión presupuestaria asignada a cada institución del sector de seguridad.
Por último, rechaza la inasistencia del secretario de Seguridad, Diego Ordóñez; el ministro de Gobierno, Francisco Jiménez; el ministro del Interior, Juan Zapata; el comandante General de Policía, Fausto Salinas; la Directora (e) del ECU911 y los gobernadores provinciales.
El Pleno recordó a los ministros de Estado y a los gobernadores su deber de comparecer a la Asamblea Nacional y entregar la información solicitada, conforme lo determina la Constitución de la República y la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Resaltaron que el incumplimiento en las comparecencias, en el caso de ministros y secretarios de Estado, configura causal de enjuiciamiento político.
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