El canciller de Venezuela, Yván Gil, anunció este jueves, 15 de febrero de 2024, que el Gobierno de Nicolás Maduro decidió suspender las actividades de la oficina técnica de asesoría del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en ese país.

Maduro otorgó un plazo de 72 horas para que el personal adscrito a ella abandone el territorio venezolano.

En una rueda de prensa, Gil agregó que el Gobierno realizará en los próximos 30 días una revisión integral de los términos de cooperación técnica descritos en la carta de entendimiento firmada con esa agencia.

Además, señaló que la organización “se ha convertido en una caja de resonancia de la oposición más extrema del país”.

La Oficina de Derechos Humanos de la ONU lamentó la decisión de Venezuela y aseguró que está evaluando los próximos pasos. “Nuestro principio rector ha sido y sigue siendo la promoción y protección de los derechos humanos del pueblo de Venezuela”, precisó en un comunicado.

Días antes, la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (ACNUDH) expresó su preocupación por la situación de la activista venezolana Rocío San Miguel.

La Fiscalía acusó a San Miguel de haber participado en un supuesto intento de conspiración contra Maduro.