Alans E. M., Johan N. C., Alberto M. O. y José Ch. C., ahora son procesados por la Fiscalía General del Estado como presuntos responsables del secuestro de la asambleísta de la bancada oficialista del movimiento Acción Democrática Nacional (ADN), Yadira Bayas, ocurrido el pasado 13 de enero.

Así lo informó el Ministerio Público en sus redes sociales, donde precisó que los sospechosos “habrían agredido verbal y físicamente a la mujer durante el traslado. Presuntamente la golpearon en el rostro y la cabeza, además de aplicarle descargas eléctricas en el cuello. Después, le quitaron su celular, joyas, dinero en efectivo y tarjetas de crédito, con las cuales se hicieron transferencias bancarias a una cuenta de uno de los implicados”.

Entre los elementos de convicción presentados por el Fiscal del caso en la audiencia de calificación de flagrancia y formulación de cargos están el parte informativo y de aprehensión, las versiones de los agentes aprehensores, las evidencias encontradas y la denuncia de la perjudicada.

El Juez de Garantías Penales del caso acogió el pedido de Fiscalía y dictó prisión preventiva para los cuatro procesados.

Además, otorgó a la víctima medidas de protección conforme al artículo 558 –numerales 2, 3 y 4– del Código Orgánico Integral Penal (COIP). Esto incluye la prohibición de los procesados de acercarse a la víctima, prohibición de cometer actos de intimidación directa o indirecta, y la extensión de una boleta de auxilio.

La instrucción fiscal durará treinta días.

Los hechos

El secuestro de la legisladora Yadira Bayas ocurrió el pasado 13 de enero, al salir de un centro comercial y abordar un taxi, en Guayaquil. El conductor habría permitido que cuatro personas armadas ingresaran al vehículo. Los agresores, presuntamente, despojaron a la víctima de sus pertenencias y la llevaron con rumbo incierto.

La mujer logró comunicarse con su esposo, quien escuchó lo que ocurría y alertó a la Policía Nacional.

Esto permitió que se desplegara un operativo de localización y captura de los agresores, utilizando el rastreo del teléfono celular de la asambleísta.