Javier Altamirano, alcalde de Ambato, confirmó que ni el Municipio de la ciudad, ni el Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) autorizaron la implementación de un noveno fotoradar en Ambato. Así, explicó que las multas de tránsito impuestas desde el 2 de enero de 2020 serían ilegítimas
El burgomaestre indicó que la empresa encargada del monitoreo y de generar las multas de tránsito de los fotoradares incorporó el noveno equipo en la Avenida Bolivariana y Luis Bolívar Granja. Por ser una vía estatal, la competencia le corresponde al MTOP y no al Municipio. Sin embargo, ninguna de las instituciones aprobó su instalación.
Decisión judicial
A pesar de no contar con los permisos, la empresa interpuso una acción de protección. La jueza que llevó el pedido aceptó la solicitud. Sin embargo, para el alcalde, llama la atención que la audiencia finalmente se realice en Quevedo el próximo lunes 13 de septiembre a las 16:00. Además, criticó la decisión judicial que va en contra de los criterios que emitió la Contraloría General del Estado (CGE) y la Procuraduría General del Estado (PGE).
Altamirano también cuestionó a los legisladores. Así, recordó que existió un proyecto de ley que buscaba reducir los valores por multas de tránsito a partir de los fotoradares. Sin embargo, algunos asambleístas se negaron al respaldo.
En ese mismo sentido, recordó que, para septiembre 2019, el entonces Director de Tránsito autorizó la implementación de la estructura. Pero, al llegar a la Alcaldía, Altamirano la anuló. “La empresa que hace una inversión tiene derecho a recuperarlo, pero no a costa del bolsillo de los ecuatorianos”, alertó.
Al respecto, indicó que, según los mismos datos que arrojó la empresa, son 360.000 ecuatorianos los perjudicados.
El contrato para la implementación de los fotoradares de Ambato se suscribió en 2014. Posteriormente, la CGE genera un informe en el que estipula cuáles son las condiciones para la renegociación del fotoradar.
