De acuerdo a la jueza de Garantías Penales de Pichincha, Verónica Medina, la Fiscalía General del Estado (FGE) no notificó a los procesados por delincuencia organizada dentro del caso Bucaram. A decir de la jueza, este hecho se convierte en una vulneración del debido proceso.
Con base en esa explicación, el pasado 21 de junio, la magistrada declaró la nulidad de lo actuado por Fiscalía que provocó que la causa regrese a la etapa de indagación previa.
Frente a ello, el 26 de julio, María del Carmen Maldonado, presidenta del Consejo de la Judicatura (CJ), suspendió a Medina y que se revisen las actuaciones de los abogados de los involucrados en el caso.
Explicación de las acciones
“Emití el auto de nulidad porque se demostró la vulneración del debido proceso a todos los procesados a quienes no se les notificó el inicio de indagación previa”, explicó Medina. Así, reiteró que la FGE tenía la obligación de notificar a los involucrados y que tampoco pudo desvirtuar la resolución de la jueza.
Según Medina, la omisión de la Fiscalía vulnera el derecho a la defensa estipulando en el artículo 604 del Código Orgánico Integral Penal (COIP).
“La intención de la fase es que se convalide todos los elementos. Sin los elementos probatorios, Fiscalía no puede acusar. Cumplí mi labor”, añadió la magistrada. Así mismo, alertó que, de no tomar la decisión, las instancias internacionales pueden sancionarla por incumplir con su función y puede, incluso, afectar al juicio. Por ejemplo, citó al caso Chevron.
Decisión del CJ
La suspensión de la jueza es una medida de carácter preventivo que dura hasta 90 días. Así, revisarán la resolución de la Corte Provincial y el auto que emitió Medina. Además, deberá volverse a escuchar el audio de la audiencia. “Es una garantía que la presidenta de la CJ haya sido jueza”, celebró Medina.
El caso
Medina descartó que existan afectos o desafectos dentro del caso Bucaram. Además, criticó que existan procesos que conllevan un despliegue periodístico más profundo y, por ello, llamó a la responsabilidad del periodismo para escuchar a las partes.
“Si el proceso es mediatizado es por los medios y no por el sistema de justicia”, señaló.
