De acuerdo con cifras ofrecidas por el Gobierno Nacional, entre enero y abril de 2025 se han registrado 3.084 homicidios intencionales en el país.

La mayoría de los casos están vinculados al crimen organizado, con mayor impacto en las provincias costeras.

Esos datos constan en el proyecto de ley enviado por el presidente Daniel Noboa a la Asamblea Nacional con el objetivo de acabar con la economía de los grupos de delincuencia organizada.

De acuerdo con ese documento, la cifra de homicidios hasta abril de este año refleja “una posible estabilización”, aunque reconoce que se trata de niveles inaceptables.

De seguir al ritmo actual, el año podría cerrar con más de nueve mil muertes violentas.

Asimismo, el texto indica que la violencia se concentra en provincias de la costa (Guayas, Esmeraldas, Los Ríos, Manabí y El Oro), zonas que corresponden a “corredores estratégicos para el narcotráfico, contrabando, tráfico de armas y rutas marítimas de exportación ilícita”.

Según las cifras expuestas en el texto, en 2022 se registraron 4.886 homicidios intencionales; esta cifra se incrementó a 8.248 en 2023, lo que representa un aumento del 69% en apenas un año.

Mientras que, para 2024, se produjo una disminución a 7.033 homicidios, “sin que ello implique una mejora estructural del fenómeno, puesto que la cifra sigue siendo dramáticamente superior a los promedios históricos del país”, enfatizó el Ejecutivo.

En el caso de las extorsiones, en 2022 se registraron 6.651 casos y en 2024 se reportaron 20.293, o sea, se triplicó el número.

Entre enero y abril de 2025, se registraron 4.569 denuncias, lo cual para las autoridades representa una disminución en comparación a años anteriores.

En tanto, los secuestros pasaron de 713 en 2022 a dos mil 95 en 2024, y en lo que va de 2025 se han contabilizado 692 casos.

Teniendo en cuenta ese contexto, el Ejecutivo envió este fin de semana a la Asamblea Nacional una propuesta de ley económica urgente que apunta a establecer mecanismos claros para combatir el crimen organizado, incluyendo aspectos económicos y de seguridad, que están estrechamente vinculados, según precisó este lunes el ministro de Gobierno, José De La Gasca.

“Es urgente tener reglas claras. Necesitamos que nuestras fuerzas armadas y la policía puedan actuar con mayor eficacia. La ley busca darles ese respaldo jurídico para que puedan luchar contra aquellos que amenazan la seguridad del país”, señaló en una entrevista radial.

En ese sentido, destacó que el proyecto contempla una serie de medidas para que las instituciones de seguridad puedan actuar sin restricciones que impidan su trabajo.