El juicio preparatorio por el caso Triple A contra el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, 15 personas y seis empresas, quedó suspendido este martes 27 de mayo.

Durante la audiencia, la Fiscalía General reconoció que aún no tiene completo su expediente. La institución explicó que sigue recibiendo información de otras entidades. Por eso, el fiscal Carlos Alarcón solicitó que se fije otra fecha para la audiencia.

Los abogados de los procesados consideraron que no tener acceso completo al expediente viola el derecho a la defensa.

El juez Renán Andrade pidió al fiscal que informe cuando tenga toda la documentación. Solo entonces, fijará la fecha para reactivar la audiencia. Andrade decidió que primero se resuelva la etapa de preparatoria de juicio. En esa fase, la Fiscalía presentará su acusación y determinará quiénes serán llamados a juicio.

Después de esa etapa, se resolverá la revisión de medidas cautelares contra Álvarez. El alcalde solicitará que eliminen la orden de usar grillete electrónico. Él no lo usó porque presentó un informe que indica que padece una enfermedad cardíaca.

Por otra parte, la Fiscalía explicó en un escrito que Álvarez incumplió la orden judicial al no usar el grillete. Por eso, pedirán su prisión preventiva.

Antes de la audiencia, Álvarez cambió de abogados por tercera vez. La primera renunció por amenazas. La segunda tuvo problemas de salud y logró aplazar la audiencia.

El tercero, Diego Córdova Raza, fue multado por no presentarse a tiempo. También pidió aplazar la audiencia varias veces, alegando que tiene otros clientes. El juez Andrade rechazó sus solicitudes.

Luego, Córdova renunció a defender a Álvarez. El alcalde anunció que tendrá como abogados a Ramiro García Falconí, Estefany Alvear y Katherine Barona.

¿Qué es el caso Triple A?

La Fiscalía investiga delitos relacionados con el almacenamiento, transporte, envasado, venta y distribución ilegal de hidrocarburos.

La primera audiencia comienza este martes 27 de mayo a las 08:30. El juez Renán Andrade la extenderá hasta el viernes. El fiscal Carlos Alarcón presentará los resultados de su investigación, que cerró el 10 de mayo.

La Fiscalía detectó grandes diferencias entre el volumen de combustible despachado y el facturado, especialmente en el caso del diesel subsidiado. Los procesados establecieron relaciones comerciales entre las empresas involucradas. Estas vendían combustible a gasolineras en cantones fronterizos y mineros.

En febrero, en medio de la investigación, la Policía allanó cinco gasolineras en Zamora Chinchipe, Loja y El Oro.