Por Esteban Ron Castro
Este es el título del libro de Alejandro Nieto en el que a través de análisis técnicos y ejemplificativos de la situación del Poder Judicial de España se describen varios fenómenos a través de los se han desnaturalizado los sistemas de administración de justicia y que lamentablemente son una realidad a la que todos los miembros de la sociedad nos enfrentamos, principalmente como usuarios del sistema, pero más aún como ciudadanos afectados por la incertidumbre ante situaciones de indefensión y falta de certeza en la gobernanza.
Nieto se centra en demostrar que el Poder Judicial, o para el caso de Ecuador, la Función Judicial, no es un poder constitucional puro, ya que el mismo se ve supeditado al “poder político” que muchas veces aglomera poderes formales y fácticos como el estatal, económico y hasta personales. Partiendo de estas premisas, el equilibrio, imparcialidad, transparencia y probidad se vuelven principios muchas veces utópicos.
Tanto se reclama por índices para el cumplimiento de estos principios que se los ha convertido en estándares de cumplimiento mínimos que buscamos, muchas veces, a través de acciones ciudadanas de fiscalización como el análisis académico de sentencias y comentarios de expertos en la materia que levantan voces en contra de manifiestas situaciones de abuso del Derecho.
El desgobierno judicial es definido como un “síndrome” debido a que este tiene diversas manifestaciones consistentes y aisladas pero que se ponen a la luz pública siempre de una u otra manera en la sociedad. El claro ejemplo que tenemos en este momento es el caso del, hasta ahora, alcalde, Jorge Yunda.
Con la resolución del consulta emitida el día de hoy, 01 de julio de 2021 por parte del Tribunal Contencioso Electoral en la que se establece que no existen vulneraciones procedimentales o formales en el proceso de remoción propiciado en el Consejo Metropolitano de Quito, con lo que este último, una vez ejecutoriada la resolución debería materializar el proceso de remoción, se ha visto en tela de duda su aplicación por existir a la par una sentencia de una acción de protección en la que se deja sin efecto el informe de la Comisión de Mesa.
Parte de la comunidad jurídica y expertos en la materia constitucional se han referido a la actuación de la jueza Jiménez, en este contexto, como una extralimitación en cuanto a su actuar; extralimitación producida por intenciones abusivas del Derecho a través de extender jurisdicciones o no respectar la especialización por competencias de la institucionalidad estatal.
El autor citado define este fenómeno como el rol del juez político, quienes asumen un rol a través del cual se convierten en brazos ejecutores de la manipulación del poder judicial, directa o indirectamente, por pedido o por ideología, porque por definición el poder político no debería servirse de estos para finalidades particulares.
En fin, en este momento existe una manifiesta contracción de resoluciones que pueden entrar en conflicto y que son recocidas como legales y legítimas por cada una de las partes, lo que crea una incertidumbre en la ciudad y el país entero.
Las causas de esto son manifiestas, leyes no actualizadas y con acomodos del momento político; actuaciones al margen de la legalidad ampliando la discrecionalidad de operadores y jueces; desconocimiento del Derecho por parte de la institucionalidad estatal y los profesionales que pueden trabar la administración; y la lista continúa.
Aunque no lo crean, las soluciones son más sencillas de lo que parecen y se basan en una palabra: Respeto; respeto a la institucionalidad estatal de administración de justicia a través de la correcta aplicación del normas; respeto a las jurisdicciones especializadas; respeto a la lealtad procesal; respeto al cliente que acude a un abogado y este en un ejercicio de sinceramiento desde inicio plantea las soluciones y estrategias siempre al margen de la ley; respeto a la persona.
Esto no quiere decir que las personas no deban agotar todas las instancia judiciales que le permite el sistema judicial del país; solo quiere decir que forzar el Derecho y la institucionalidad produce en algún momento un efecto boomerang.
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