Las organizaciones indígenas y sociales del Ecuador expresaron su rechazo a la nueva Ley de Solidaridad Nacional, impulsada por el gobierno de Daniel Noboa y aprobada por la Asamblea.
Alertan que se institucionaliza la criminalización de la resistencia social y profundizar el modelo represivo. Tanto el Frente Popular como la Conaie anuncian movilizaciones y acciones.
En una rueda de prensa, el presidente de la Conaie, Leonidas Iza, señaló que dichas normativas buscan “criminalizar la resistencia social” y proteger a las empresas mineras. “Estas leyes no son para el pueblo, son para blindar a los grandes capitales y callar la protesta social”, añadió.
Según datos proporcionados por el líder de la Conaie, actualmente existen más de 1,8 millones de hectáreas concesionadas para actividades mineras en al menos 20 de las 24 provincias del país.
Críticas al presidente Noboa
Iza también acusó a Noboa de favorecer a intereses privados del sector minero.
Mencionó específicamente al grupo empresarial Nobis, vinculado a la familia del mandatario, como uno de los posibles beneficiarios del modelo extractivo promovido desde el Gobierno.
Movilización en territorios
Frente a este panorama, la Conaie anunció que fortalecerá la defensa de los territorios junto al Frente Nacional Antiminero, organizaciones campesinas y otros movimientos sociales. Iza advirtió que podrían realizarse nuevas movilizaciones a escala nacional. “Vamos a defender con nuestra vida el agua, los territorios y la agricultura”, expresó.
Además, la organización indígena adelantó que se evaluará el rol de los asambleístas de Pachakutik que votaron a favor de las reformas mineras. Este tema será abordado en el próximo Congreso Nacional de la Conaie.
El Frente Popular se suma al rechazo
El Frente Popular, coalición que agrupa a organizaciones como la Unión Nacional de Educadores (UNE) y la Coordinadora Nacional de Jubilados, también se pronunció en contra del actual proyecto político del Gobierno. Nelson Erazo, presidente del Frente, criticó la Ley de Solidaridad Nacional por considerarla un mecanismo para imponer más impuestos, recortar derechos laborales y profundizar el modelo neoliberal.
“El proyecto político de Noboa es afirmar el neoliberalismo, el despido de trabajadores públicos, incremento del IVA y de la tarifa eléctrica, y cero inversión en empresas públicas”, señaló Erazo.
Asimismo, denunció que la ley no contempla medidas efectivas para combatir la corrupción ni el lavado de activos, que, según dijo, afecta a instituciones como la banca privada, las Fuerzas Armadas, la Policía y el sistema judicial.
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