Con 84 votos a favor, 62 en contra y 2 abstenciones, el Pleno de la Asamblea Nacional aprobó este martes el texto íntegro del proyecto de Ley Orgánica de Integridad Pública, calificado como urgente en materia económica, con la incorporación, a última hora, de propuestas de reformas a varias normas, como la Ley de Movilidad Humana, para la expulsión de extranjeros que cometan delitos en Ecuador.
El asambleísta Andrés Castillo, de la bancada oficialista ADN, propuso, entre otras cosas, que en el marco de conflicto armado interno se deporte a los extranjeros que han cometido delitos de asesinatos y que, si regresan al país, sean considerados objetivos militares.
El legislador propuso, entre otras cosas, que, en el marco de conflicto armado interno, se deporte a los extranjeros que han cometido delitos de asesinatos y que, si regresan al país, sean considerados objetivos militares.
El proyecto fue tratado en la Comisión de Desarrollo Económico en la que se le cambió el objeto, el nombre y se incluyeron reformas más de 20 cuerpos legales vigentes, que no constaban en la propuesta original.
Valentina Centeno, quien preside esa mesa legislativa y jefa de bancada de ADN, calificó como “inédita, necesaria y urgente” la propuesta.
Centeno sintetizó los aportes del proyecto de Ley de Integridad Pública, en puntos claves:
- Juzgamiento de menores de edad que cometan delitos graves, como adultos
- Justicia
- Lucha contra la corrupción
- Eficiencia en el Servicio Público
Además, plantea la expulsión inmediata a los países de origen de los PPL extranjeros y liberar el presupuesto anual destinado para su cuidado.
El proyecto amplía su alcance al reformar 11 cuerpos normativos, entre ellos la Ley de Contratación Pública, la Ley de Servicio Público, el Código Orgánico Integral Penal y el Código de la Niñez y Adolescencia, además de introducir ajustes en la Ley de Solidaridad Nacional y el Código Monetario y Financiero.
El texto busca afianzar la integridad en la contratación estatal, incluir evaluaciones basadas en desempeño, certificar operadores públicos, y tipificar el prevaricato para jueces, fiscales y abogados, incluyendo inhabilitación de por vida.
Otra arista polémica trata del juzgamiento de menores como adultos en delitos graves, una reforma que generó alarma en la Comisión de Niñez de la Asamblea por posible vulneración de derechos infantiles.
El texto también permitirá al Ejecutivo suprimir empresas públicas creadas por ley, con el aval de este nuevo marco, lo que provocó críticas de la oposición por socavar la autonomía legislativa y el principio de unidad de materia.
Desde Pachakutik y la Revolución Ciudadana advirtieron sobre el riesgo de inconstitucionalidad por falta de unidad temática, así como la necesidad de debates en comisiones especializadas para abordar, por ejemplo, la reforma penal juvenil.
El oficialismo, por su parte, defendió el carácter integral del texto. Valentina Centeno insistió en que estas medidas buscan combatir la corrupción y proteger a la juventud frente al reclutamiento por crimen organizado.
El proyecto de Ley de Integridad Pública constituye la segunda ley urgente económica presentada por Noboa, tras la Ley de Solidaridad Nacional, que ya enfrenta demandas en la Corte Constitucional.
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