Imagen: Primicias
Los profesionales de la salud se pronunciaron este 2 de julio sobre la Ley de Integridad Pública, que está en vigor desde el pasado 26 de junio. El gremio considera que la norma amenaza la estabilidad laboral y se aprobó sin el debido consenso.
Santiago Carrasco, presidente de la Federación Médica Ecuatoriana (FME), expresó su preocupación en rueda de prensa y cuestionó la falta de diálogo. “No nos han llamado a consensuar, han hecho lo que les ha dado la gana, y eso no lo podemos aceptar”, afirmó.
Carrasco advirtió que la ley permite que “en cualquier momento se pueda desvincular al servidor público”, lo que pone en riesgo el trabajo de miles de médicos, enfermeros y personal sanitario.
El gremio anunció que planea movilizaciones en rechazo a la norma, aunque aún no ha definido una fecha. Además, evalúa acciones legales, como una demanda ante la Corte Constitucional o la presentación de un amicus curiae, figura que permitiría expresar su posición técnica y jurídica sobre la ley ante ese organismo.
Por su parte, Mariana Narváez, representante de la Federación de Asociaciones de Profesionales de Enfermería de la Red Pública Integral de Salud (Faperpisec), denunció que la nueva legislación elimina garantías históricas para los servidores públicos.
Narváez criticó la derogación del artículo 89 de la Ley Orgánica de Servicio Público (Losep), que otorgaba estabilidad laboral al establecer que las desvinculaciones solo podían realizarse tras un sumario administrativo y que los funcionarios tenían derecho a ser reubicados en cargos similares en caso de eliminación de sus puestos.
“Ahora nuestras evaluaciones quedarán en manos de superiores que, muchas veces, no tienen la preparación ni la experiencia necesarias”, dijo Narváez.
Los profesionales exigieron al Gobierno que emita el reglamento de la Ley Orgánica de Carrera Sanitaria, aprobada en septiembre de 2022, la cual busca precisamente garantizar estabilidad y condiciones laborales adecuadas para quienes trabajan en el sistema de salud.
La reacción del sector médico se suma a los cuestionamientos de otros gremios como la Unión Nacional de Educadores (UNE) y el Frente Unitario de Trabajadores (FUT).
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