La Cámara de Minería del Ecuador (CME), anunció este miércoles, 9 de julio, que presentó una demanda de inconstitucionalidad ante la Corte Constitucional, contra la reciente imposición de una tasa de supervisión y control que, según el sector, “es técnica, jurídica y económicamente inviable”.

La CME aclaró en sus redes sociales que la acción “no es contra el Gobierno sino en defensa del principio de legalidad, la proporcionalidad tributaria y la seguridad jurídica”.

En una rueda de prensa convocada posteriormente a la presentación de la demanda, María Eulalia Silva, presidenta ejecutiva de la CME, reiteró que esta acción no es un ataque al Gobierno, sino en defensa del futuro de una industria estratégica.

“Estamos abiertos al dialoga, pero no podemos quedarnos de brazos cruzados fronte a una medida que pone en riesgo la minoría legal. Esta tasa debó construirse con criterios técnicos y con participación de los actores involucrados”, enfatizó.

Piden normas claras, sostenibles y justas

Durante la presentación de la demanda, el abogado Emilio Suárez explicó los fundamentos jurídicos: “La Corte puede suspender esta norma para evitar daños irreparables. Hemos planteado suficientes argumentos para que se revise esta disposición”.

Santiago Caviedes, economista y representante de Humboldt Management, advirtió que la tasa vuelve a Ecuador “el país más caro de la región para explorar”. Afirmó que la norma lanza un mensaje negativo a los inversionistas. “Sin exploración, no habrá minería legal”, insistió.

Óscar Loor, titular de la Cámara Nacional de Minería, afirmó que la medida afecta sobre todo a pequeños mineros con títulos y contratos legales. “Esta tasa es un impuesto encubierto que pone en peligro miles de operaciones. Fomenta la informalidad cuando todos buscamos lo contrario: legalidad, empleo y tributos”, expresó.

Guillermo Godoy, presidente de CAPEMINE, advirtió que la situación no solo es económica, sino también social. “En muchas comunidades, la minería legal es la única fuente de sustento. Si paran las actividades, el golpe humano será enorme”, señaló.

El sector minero reiteró su apertura al diálogo. Pidió que la fiscalización se mantenga, pero con normas claras, sostenibles y justas.