El Director del Observatorio Legislativo, Marcelo Espinel, en entrevista para el noticiero “A Primera Hora” de Majestad Radio, hizo un balance negativo de la gestión de la Asamblea Nacional durante el período 2017 – 2021, y cuyas funciones concluyeron este jueves 13 de mayo: “Va a ser un recuerdo negativo… Una Asamblea marcada por bochornosos actos de corrupción, acuerdos por debajo de la mesa, reparto de hospitales, obtención irregular de carnés de discapacidad, cobro de diezmos, entre otros aspectos”.
Sobre la producción legislativa, Espinel señaló que en este período legislativo se presentó el triple de proyectos de ley, 952, de los cuales, sin embargo, el 70% no superan los 10 artículos, y básicamente a punta a reformar leyes vigentes: “Los asambleístas consideraron que la cantidad debía estar por encima de la calidad”.
En este período, se aprobaron 76 leyes, una más que en período 2013 – 2017; durante los primeros 3 años se aprobaron 32 leyes, y en el último año, caracterizado por las sesiones virtuales, se aprobaron 44 leyes: “La pregunta es: ¿la Asamblea es más eficiente trabajando en casa?”.
En este punto, Espinel señaló que solo el 30% de la agenda legislativa fue aprobado: “esta Asamblea aprobó leyes de forma coyuntural, hubo falencias en muchos de los proyectos presentados”.
En cuanto a la fiscalización, Marcelo Espinel señaló que se presentaron 34 solicitudes de juicios políticos, pero solo 9 llegaron al pleno de la Asamblea Nacional: “Tuvimos una Asamblea que llegó tarde en materia de fiscalización… Por ejemplo, Carlos Pólit, Carlos Ochoa y Juan Carlos Zevallos fueron censurados, pero no fue posible su destitución porque ya no estaban en sus cargos… Por el contrario, hubo pedidos de interpelación que tuvieron más de 200 días de espera, como el juicio político contra la exministra de Gobierno, María Paula Romo, o el caso de los 5 pedidos de juicio político contra el exministro de Economía y Finanzas, Richard Martínez, que nunca fueron tramitados.
