El ministro del Interior, John Reimberg, confirmó este domingo que el Gobierno inició el proceso de deportación 1.000 ciudadanos extranjeros vinculados a actividades delictivas. Reimberg explicó que las personas deportadas estaban finalizando su pena privativa de libertad en el país por robo, receptación, tráfico ilícito de sustancias y delitos contra la propiedad.
La medida se enmarca en la estrategia estatal de lucha contra el crimen organizado y forma parte de una política de “tolerancia cero” frente a quienes atentan contra la seguridad nacional.
“Seguiremos firmes. La seguridad de los ecuatorianos está por encima de todo”, dijo el ministro a través de su red social X.
Prohibición de ingreso por cuatro décadas
Según detalló Reimberg, a estas personas se les ha impuesto una restricción de ingreso al país por un período de 40 años.
El ministro insistió en que el Gobierno no permitirá que estructuras delictivas se reorganicen dentro del territorio ni que se reactive su accionar en las calles del país.
Ecuador refuerza su política migratoria en contexto de seguridad
El anuncio se da en medio de un contexto de reforzamiento de controles fronterizos y endurecimiento de medidas contra actores vinculados al crimen transnacional.
Las autoridades han reiterado que ningún individuo que ponga en riesgo el orden y la convivencia ciudadana podrá permanecer en el país tras cumplir su condena.
El Ministerio del Interior ha señalado que continuará con acciones similares en coordinación con otras entidades del Estado, como parte de un esfuerzo sostenido por recuperar la tranquilidad en el territorio nacional.
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