Por: Felipe Pesantez
El reciente anuncio gubernamental sobre la “reorganización ministerial y el despido de 5,000 funcionarios públicos” bajo el argumento de alcanzar una mayor “eficiencia administrativa” plantea una pregunta fundamental: ¿cuál debe ser el verdadero rol del Estado en la sociedad ecuatoriana?
Esta medida no es nueva en el panorama político nacional. Desde las administraciones de Correa, Moreno y Lasso hasta la actual gestión de Noboa, hemos sido testigos de intentos sistemáticos por reducir el aparato estatal. Los antecedentes son evidentes: altos salarios de funcionarios públicos que alcanzaron los $5,000 dólares, sobrecostos del 79% en obras complementarias de las escuelas del milenio, decretos presidenciales que redujeron salarios jerárquicos en un 10%, recortes presupuestarios, eliminación de ministerios coordinadores y planes de “eficiencia económica” que redujeron empresas públicas por pérdidas y falta de liquidez. Si bien es cierto que un Estado sobredimensionado puede convertirse en una carga improductiva que consume más recursos de los que genera, la solución no radica únicamente en su reducción indiscriminada. La clave está en redefinir sus prioridades hacia áreas estratégicas que generen valor público real.
Inversiones que sí importan
La evidencia empírica demuestra que el Estado debe concentrar sus recursos en tres pilares fundamentales: educación, salud y seguridad. Estos sectores no solo justifican la inversión pública, sino que la hacen rentable desde una perspectiva económica y social.
En salud, cada millón de dólares invertido puede generar un crecimiento económico del 1,26%. Esta inversión incrementa la esperanza de vida, reduce la mortalidad infantil y fortalece el capital humano, elementos esenciales para la productividad laboral. La educación, por su parte, muestra retornos igualmente convincentes: cada 1% del gasto público educativo puede traducirse en un crecimiento económico de entre 0,36% y 0,44%. Además, reduce la desigualdad, mejora la empleabilidad y fomenta la innovación.
La seguridad, especialmente relevante en el contexto actual ecuatoriano, no solo protege el bienestar ciudadano sino que atrae inversión extranjera al crear un ambiente propicio para el desarrollo económico. Un entorno seguro genera confianza, elemento indispensable para el crecimiento sostenible.
Una realidad presupuestaria inestable
Los datos presupuestarios del período 2015-2024 revelan una gestión inconsistente de estas prioridades. La Gráfica adjunta muestra fluctuaciones constantes en el gasto público destinado a educación, salud y seguridad, con una notable caída generalizada entre 2018 y 2019. Aunque desde 2020 se observa una recuperación gradual, persiste una distribución desproporcionada: la seguridad supera consistentemente a la educación y salud, mientras que la inversión en salud ha sido históricamente mayor que en educación.
Esta inestabilidad presupuestaria refleja la ausencia de una política de Estado coherente. Los vaivenes políticos han impedido desarrollar estrategias sostenidas que maximicen el impacto de la inversión pública en estos sectores críticos.
Hacia un Estado eficiente, no ausente
La administración Noboa tiene la oportunidad de replantear el debate más allá de la simple reducción del aparato estatal. Un Estado eficiente no es necesariamente un Estado pequeño, sino uno que prioriza adecuadamente sus recursos y garantiza resultados medibles. Esto implica mantener una presencia sólida en educación, salud y seguridad, mientras se fortalece el marco institucional que protege los derechos de propiedad, garantiza el estado de derecho y promueve la libre competencia. Un Estado que se retire de sectores donde puede generar valor público real no es eficiente; es irresponsable.
La verdadera discusión debe centrarse en construir un Estado inteligente que invierta estratégicamente en los sectores que generan mayor retorno social y económico. La reorganización ministerial y la reducción de personal pueden ser medidas válidas si se enmarcan en una estrategia integral que fortalezca, no debilite, la capacidad estatal en educación, salud y seguridad. De lo contrario, corremos el riesgo de confundir eficiencia con abandono de responsabilidades fundamentales. El reto para la administración actual es demostrar que es posible lograr un Estado más eficiente sin sacrificar su capacidad de respuesta ante las necesidades básicas de la ciudadanía. Solo así podremos construir las bases sólidas que Ecuador necesita para su desarrollo sostenible.
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