El presidente Daniel Noboa convocó este lunes, 1 de septiembre de 2025, a una nueva marcha ciudadana para el próximo 11 de septiembre en Guayaquil.
La Presidencia de la República, mediante un comunicado oficial, calificó la convocatoria como una “gran marcha ciudadana” cuyo objetivo es “expresar, de manera firme y pacífica, el compromiso del Ecuador con la defensa de la paz y la justicia, valores fundamentales para la convivencia democrática y el fortalecimiento del Estado de derecho”.
“El Primer Mandatario invita a todos los ecuatorianos a unirse a esta manifestación de unidad nacional, que mira al futuro y que busca ratificar la voluntad del pueblo de vivir en un país seguro, justo y solidario”, señaló el texto difundido por Carondelet.
Al mismo tiempo, a través de su cuenta oficial de Instagram, el mandatario hizo un llamado a la ciudadanía para sumarse a esta movilización, cuatro semanas después de liderar una primera protesta en Quito contra la Corte Constitucional. “Marquen el 11 de septiembre en sus calendarios, porque marcharemos para defender nuestras familias”, escribió Noboa, acompañado de un video musicalizado con Thunderstruck, de la banda AC/DC, que recopila imágenes de la manifestación anterior.
En la publicación, el jefe de Estado afirmó que esta nueva concentración tiene como objetivo alzar la voz por la seguridad de los hogares ecuatorianos.
“En Guayaquil alzaremos nuestras voces, porque nuestros hogares merecen seguridad. Y a ellos se les acaba el tiempo”, agregó.
La primera marcha, realizada el pasado 12 de agosto en Quito, reunió a simpatizantes del Gobierno, ministros de Estado y asambleístas del oficialismo, quienes se concentraron frente a la sede de la Corte Constitucional. La movilización se dio luego de que el organismo suspendiera 17 artículos clave de tres leyes impulsadas por el Ejecutivo: la Ley de Solidaridad Nacional, la Ley de Integridad Pública y la Ley de Inteligencia, por posibles vulneraciones de derechos.
Guayaquil, sede de la próxima manifestación, permanece actualmente en estado de excepción debido a la violencia del crimen organizado.
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