El Gobierno argentino logró este lunes que la justicia detuviera la publicación de audios grabados en la Casa Rosada a Karina Milei, hermana del presidente, Javier Milei, y secretaria de la Presidencia. El juez federal Alejandro Maraniello argumentó que las grabaciones podían afectar “la intimidad y el honor” de la funcionaria y “la seguridad institucional” del país, aunque no accedió al contenido.
El Gobierno denunció además que la filtración forma parte de una “operación de inteligencia ilegal” con fines de desestabilización. Según la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, detrás estarían periodistas y “personas ligadas a servicios de inteligencia rusos con incidencia de Venezuela”.
El vocero presidencial, Manuel Adorni, sostuvo que “se grabaron conversaciones privadas de Karina Milei y otros funcionarios, las que fueron manipuladas y difundidas para condicionar al Poder Ejecutivo. No fue una filtración, fue un ataque ilegal, planificado y dirigido”.
El caso estalló tras conocerse grabaciones atribuidas a Diego Spagnuolo, exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad y amigo de Milei, quien denunció una red de sobornos en su área. En esos audios se mencionaba a Karina Milei y al asesor Eduardo “Lule” Menem como beneficiarios del dinero. El funcionario fue despedido, pero el escándalo escaló cuando luego se difundieron fragmentos donde la hermana del presidente pedía unidad a sus colaboradores, confirmando que había sido grabada en su despacho.
Karina Milei pidió a la justicia detener cualquier nueva difusión, aunque no se conoce si existen más audios. El fallo generó críticas. El abogado Pedro Caminos advirtió que “ninguna autoridad tiene atribuciones para impedir la difusión de información”. Recordó que la legislación argentina prevé responsabilidades posteriores, “si esa difusión provocara un daño”.
El juez que firmó la medida acumula denuncias en el Consejo de la Magistratura, incluso por acoso laboral y sexual. En septiembre pasado, la Asociación de Empleados Judiciales logró que hubiera custodia policial dentro de su juzgado para resguardar al personal.
Escándalo en medio de la inestabilidad
El Gobierno se enfrenta ahora a un doble frente: la crisis política por los audios y la fragilidad económica. Al ministro de Economía, Luis Caputo, le cuesta sostener el tipo de cambio, que este lunes rozó los 1.400 pesos por dólar, límite que lo obligaría a vender reservas si quiere cumplir con el FMI. Una eventual devaluación pondría en riesgo la baja de la inflación, único logro que Milei exhibe tras meses de gestión.
El clima electoral empeora el panorama. El domingo habrá comicios legislativos en Buenos Aires, bastión peronista, donde el oficialismo llega debilitado. En Corrientes, La Libertad Avanza quedó el fin de semana en cuarto lugar, tras negarse a cerrar alianzas con el partido que finalmente superó el 50% de votos.
La Casa Rosada insiste en que detrás de las filtraciones hay un plan internacional de espionaje. Bullrich afirmó que “los servicios de inteligencia paralelos intentan desestabilizar a aquellos gobiernos que generan conmoción en el mundo del poder”. Mientras tanto, la expectativa crece: si el objetivo era silenciar las grabaciones, los argentinos esperan con más interés conocer su contenido.
Fuente: El País
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