Autor: Pablo Araujo Ph.D. en biotecnología, ingeniero químico y profesor universitario
Sobre la base de la información que las autoridades sanitarias del país han hecho pública, dolorosamente descubrimos que no tenemos un plan de vacunación a la altura de la emergencia sanitaria que vivimos. Varios son los detalles que nos muestran esta dura realidad.
No hemos tenido un proceso sólido de toma de decisiones, planificación y priorización basado en la evidencia, que permita rendir cuentas y que esté coordinado con otros componentes del sistema de salud.
Cruelmente, día a día, descubrimos que en el plan de vacunación del Gobierno el criterio para administrar las dosis jamás se basó en las necesidades epidemiológicas, ni en criterios analizados con rigor científico, velando por la seguridad de las personas, se han vacunado los amigos del poder.
El vacunar a los asociados al poder, acción que además de antiética y corrupta, nos muestra que el gobierno no dispone de los análisis de revisión periódica de los datos sobre los casos confirmados en laboratorios, las hospitalizaciones y fallecimientos asociados con la COVID–19, es decir, no dispone de un grupo de asesoramiento técnico sobre inmunización, que le brinde recomendaciones y orientación de políticas basadas en la evidencia.
Las estrategias ejecutadas para la distribución de las vacunas contra la COVID-19 no incluyeron actividades para fortalecer los programas de vacunación existentes, los servicios y sistemas de salud, con colaboración entre ellos. Caso contrario muchas familias ecuatorianas no hubieran vivido el horror de buscar la vacuna pentavalente y no encontrarla, ni tampoco dependeríamos de la red privada para distribuir la vacuna siendo el sistema público el que mayor alcance poblacional tiene.
Solo nos llegan o solo nos llegarán las vacunas de Pfizer-BioNTech, Astra-Zeneca/Oxford y SinovacBiotech. Lo cual, nos muestra que las entidades de regulación del gobierno no disponen de mecanismos de autorización de emergencia o procedimientos de vía rápida para el ingreso de vacunas al Ecuador.
Esto es un claro indicio que no se aplica un enfoque basado en el riesgo para evaluar la calidad, la seguridad y la eficacia de las vacunas. Es doloroso leer en la página web del ARCSA, fechado el 25/02/2021, que la institución está esperando que los distintos fabricantes les envíen la información sobre sus vacunas.
La imperiosa necesidad de establecer vías regulatorias apropiadas y ágiles en esta situación de emergencia de salud pública, es facilitar el acceso oportuno a las vacunas contra la COVID-19.
No conocemos con certeza la capacidad que tenemos de cadena de frío, por tanto, es imposible desarrollar la estrategia de despliegue de la vacuna, logística inversa y eliminación segura de residuos.
La Organización Panamericana de la Salud (OPS) en su Guía para elaborar un plan nacional de despliegue y vacunación para las vacunas contra la COVID-19, publicada en noviembre 2020, textualmente dice: “… es fundamental garantizar una estructura y un proceso de toma de decisiones sólido, transparente y con rendición de cuentas a nivel de país para asegurar a la población en general el despliegue de las vacunas contra la COVID-19 …”.
El Gobierno ecuatoriano, con sus acciones y corruptelas a todo nivel, nos ha roto a todos los ecuatorianos, no supieron que hacer con las vacunas y las empezaron a repartir a palo de ciego, destrozando lo público en nuestra cara, poco les faltó o les falta para sacarlas a la venta al mejor postor.
Sí, en Ecuador buscamos implementar un sistema eficaz de vacunación contra la COVID-19, necesitaremos de una potente colaboración multisectorial, con técnicos de alto nivel en cargos con poder de decisión, necesitaremos a las mejores ecuatorianas y ecuatorianos trabajando “todos a una” por el país, dejando atrás de una vez por todas los fantasmas del palanquismo, improvisación y cálculo político en la toma de decisiones, acciones que nos enferman y destruyen día a día.
