Por: Arturo Ruiz G.
Ad portas de la segunda vuelta electoral, el Ecuador vive uno de sus peores momentos en lo económico, social y político de la historia. La coyuntura actual está al punto de que un nuevo anuncio, error o dislate de las autoridades, termine por sobrepasar lo que vivimos durante el feriado bancario. El estado de ánimo de la ciudadanía, según las encuestas, está por los suelos y, quizá, el escenario de tener un nuevo gobierno en los próximos meses, sea la luz al final del túnel que nos mantiene con alguna expectativa de futuro y esperanza para el país. Como dijo el expresidente Carlos Julio Arosemena, (sic) “En cierta forma, somos un país de balsa, que no nos podemos hundir nunca, porque cuando ya nos estamos hundiendo, salimos a flote y volvemos a florecer un tanto.”
Salvo casos muy puntuales, la gran mayoría de sectores públicos y privados, tienen problemas, afectaciones y quejas que, aparentemente, deberán esperar unos meses para que se los escuche y considere. Y es que hay que entender a la gestión pública como un proceso sistémico, en el que todos sus segmentos y actores son importantes y tienen directa o indirectamente una interrelación, que hace que el país funcione. Por ejemplo, no hay un plan de inmunización real y, de las pocas vacunas que han llegado, en gran medida han sido destinadas para beneficiarios “vip”. Mientras no se cuente con una estrategia real para enfrentar a la pandemia, que incluya el testeo, atención y vacunación a los más vulnerables y a quienes están en primera línea, los efectos de la COVID-19 serán más largos y difíciles de superar. Si al menos, en estos meses no atenuamos la pandemia, la economía seguirá trabajando a cuentagotas. No es lo uno o lo otro, son todos los segmentos los que se deben atender, con criterios de urgencia y oportunidad.
Bajo este contexto, independientemente de la orientación política, al parecer existiría un consenso respecto de lo deficiente que se han vuelto los servicios públicos. Por citar varios ejemplos: el SRI que, para atender un trámite básico, demora semanas en dar turnos; el INEC que presenta tarde sus cifras, con muchísimas observaciones técnicas y metodológicas que ponen en duda su veracidad; el SERCOP que cambia sus estándares y decide unilateralmente por los usuarios qué pueden o no hacer; problemas con el sistema en la Agencia Nacional de Tránsito; el Ministerio de Finanzas atrasado con los pagos a proveedores del Estado, GADS y otras instituciones. Estos son unos pocos casos de un largo etcétera, que impiden que, dentro de la difícil situación que vivimos, en algo se pueda reactivar la economía.
El origen de esto puede tener varios factores: la supuesta reinstitucionalización política de las instituciones, con el cambio de autoridades, sin ninguna mejora en sus servicios; la campaña de denostación de lo público, a través del posicionamiento de mensajes como “Estado obeso”, “excesivo gasto público” o “lo público es sinónimo de ineficiencia y corrupción”. Para apalancar estos mensajes y ejecutar el plan económico de recorte, equivocada e injustamente se posicionó la idea de que autoridades y funcionarios públicos son, indefectiblemente, corruptos, prófugos, y otros tantos adjetivos. El poder, es efímero y como se ha evidenciado en las semanas precedentes, los acusadores de corrupción de hoy, podrán ser señalados como “corruptos” y “prófugos” del mañana.
Vivimos años con la amenaza de “convertirnos en Venezuela” y, quizá sin darnos cuenta, las políticas sociales y económicas de los últimos cuatro años, ya nos convirtieron en un referente negativo de la región. Sin embargo, la noticia es: quienes conforman los equipos de campaña de los candidatos, los colores de sus zapatos o respuestas a preguntas capciosas, de programas de variedades de medio día, cuando lo importante es saber: ¿Quiénes son los candidatos?, ¿Cuál es su trayectoria?, ¿a quién representan? y ¿Qué soluciones proponen en sus planes de campaña a cuestiones sociales?
¿Por qué no exigimos a las fuerzas políticas que centren su debate en situaciones como la señalada por Matilde Mordt, representante Residente del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), en el noticiero “A Primera Hora”, de Primera Plana, en el sentido de que las proyecciones que se han hecho señalan que, a raíz de la pandemia, se pueden borrar 30 años de avances en el índice de desarrollo humano? ¿Entendemos la gravedad de esto?
El país no aguanta más el mismo ambiente de polarización y de pelea de política, entre políticos. Ecuador necesita un acuerdo mínimo de puntos en los que, posiblemente, habría consenso:
- Es indispensable contar con un plan serio de atención a la pandemia. Entender que la vacunación será un proceso largo y que en paralelo deben ejecutarse acciones de control y atención.
- Con relación a las vacunas, reiterar en lo que debería ser obvio: el proceso debe ser gratuito, eficiente, técnicamente elaborado, para todos, sin privilegios para allegados o socios de las autoridades de turno, priorizando la vida de los ecuatorianos y no situaciones relacionadas con la geopolítica.
- La dolarización se mantiene, independientemente de quien esté al frente del Ejecutivo.
- Se debe reinstitucionalizar al país, no solo a partir de la selección de los mejores perfiles, sino a través de la reconstrucción de lo público en el imaginario social.
- En la gestión tributaria, debe cumplirse el criterio de progresividad.
- Las instituciones de control y de justicia, deben ser técnicas, con procesos que limiten la discrecionalidad, para que no se conviertan en una táctica en la estrategia de eliminación política del adversario.
- Generar acciones para paliar la inseguridad y violencia desde todos sus frentes, con políticas públicas que combatan, por ejemplo, el contrabando.
- Un acuerdo conjunto, no solamente del Estado, sino también del sector privado, en la construcción de un plan real de reactivación productiva.
- Que la nueva función legislativa cuente con autoridades con capacidad, experiencia y apertura para generar espacios de gobernabilidad reales y sin condicionamientos.
Esto funcionará únicamente cuando todos los actores del proceso de gobernanza cedan posiciones, cesen los ataques y obstáculos y generen las condiciones para que el Ecuador sea nuevamente un país viable.
