La jueza Karol Zambrano, de la Unidad Especializada en Corrupción y Crimen Organizado, dictó prisión preventiva contra 12 de las 13 personas detenidas durante las protestas en Otavalo, en el marco del paro nacional convocado por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie).

La audiencia de flagrancia y formulación de cargos se realizó tras los incidentes del 22 de septiembre, cuando, según la Policía y la Fiscalía, un grupo de manifestantes atacó el cuartel policial, incendiando vehículos y provocando daños en la infraestructura.

Acusaciones de la Fiscalía

El fiscal Galiano Balcázar sostuvo que los detenidos habrían participado en el presunto delito de terrorismo, utilizando bombas molotov lanzadas con “bazucas artesanales”, además de robar una alimentadora de arma policial y un chaleco antibalas.

Con base en el parte policial firmado por siete agentes, la Fiscalía pidió prisión preventiva para los procesados, alegando riesgo de fuga y gravedad de los hechos. La pena por terrorismo en Ecuador oscila entre 19 y 22 años de cárcel.

Entre los detenidos están dos ciudadanos venezolanos, a quienes el Gobierno vinculó públicamente con el Tren de Aragua.

Zambrano declaró la legalidad de las detenciones y aceptó la formulación de cargos. Dictó prisión preventiva para 12 procesados y otorgó medidas alternativas únicamente a Gina Betel C. T.

La ciudadana fue detenida ese día a las 5 de la tarde detrás del destacamento policial de Otavalo. Videos difundidos en redes sociales mostraron el momento de la detención cuando la mujer se para frente a un policía antimotines que dispara contra el grupo de manifestantes en la calle detrás del cuartel policial. Después, el uniformado la empuja y dos gendarmes más la detienen y se la llevan.

Entre los procesados también figuran miembros de comunidades indígenas que participaron en las protestas. Organizaciones sociales habían denunciado la desaparición de dos de ellos, quienes finalmente comparecieron en la audiencia representados por abogados privados.