El Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas de las Naciones Unidas expresó su profunda preocupación por el accionar de las fuerzas de seguridad del Ecuador frente a las recientes protestas pacíficas convocadas por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE). Las manifestaciones se iniciaron como respuesta a la eliminación de los subsidios al diésel y al aumento del costo de vida.
El organismo internacional condenó el uso de la fuerza durante las protestas del 22 de septiembre, especialmente en la provincia de Imbabura, donde al menos 13 miembros del pueblo Kichwa Otavalo fueron detenidos bajo acusaciones de terrorismo. Las organizaciones indígenas denunciaron detenciones arbitrarias, violaciones al derecho al debido proceso, malos tratos bajo custodia, traslados sin garantías de seguridad y actos de persecución contra defensores de los detenidos.
Además, el Foro criticó el estado de excepción decretado por el Gobierno, que ha limitado derechos fundamentales como la libertad de asociación, de reunión y de tránsito. La situación se agravó el 24 de septiembre, cuando la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones (ARCOTEL) ordenó el cierre por quince días de TV MICC, medio comunitario clave para el Movimiento Indígena y Campesino de Cotopaxi y canal vital para la comunicación y representación de los pueblos indígenas.
La ONU recordó que tanto la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas como la Declaración Universal de Derechos Humanos protegen el derecho a la libre expresión, la participación política y la protesta pacífica. Criminalizar a los pueblos indígenas, advirtió el Foro, contradice la Constitución del Ecuador y vulnera estándares internacionales en materia de derechos humanos.
Ante esta situación, el Foro Permanente instó al Gobierno ecuatoriano a garantizar los derechos fundamentales de los pueblos indígenas, asegurar el debido proceso para todos los detenidos, incluidos los 13 Kichwa Otavalo, investigar con imparcialidad todas las denuncias de violencia y entablar un diálogo genuino y constructivo con sus representantes.
El organismo internacional reiteró la necesidad de abordar las causas estructurales del conflicto y avanzar hacia soluciones inclusivas y pacíficas que respeten los derechos colectivos de los pueblos indígenas del Ecuador.
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