El presidente Daniel Noboa decretó un nuevo estado de excepción en Guayas, Manabí, El Oro, Santa Elena y Los Ríos, así como en los cantones La Maná (Cotopaxi) y Las Naves y Echeandía (Bolívar), por la causal de grave conmoción interna.
La medida, que regirá por 60 días, consta en el Decreto Ejecutivo 202 emitido por el mandatario. De acuerdo con el documento, la declaratoria se debe al incremento de la violencia vinculada a grupos criminales organizados.
En estas zonas se suspenderá la inviolabilidad de domicilio y de correspondencia, lo que permitirá a Policía y Fuerzas Armadas realizar allanamientos, inspecciones y requisiciones sin necesidad de orden judicial previa, además de interceptar comunicaciones relacionadas con estructuras criminales.
Violencia concentrada y disputa entre bandas
El decreto sostiene que en octubre se registraron actos de violencia extrema, incluyendo ataques con explosivos y asesinatos múltiples en espacios públicos, atribuidos a disputas entre bandas, no a delincuencia común.
El Gobierno señala además que los cantones La Maná, Las Naves y Echeandía funcionan como centros estratégicos de resguardo y logística para organizaciones criminales, debido a su ubicación cercana a zonas de alta conflictividad.
Como ejemplo, se menciona el carro bomba detonando el 14 de octubre en Guayaquil, cerca de un centro comercial vinculado a familiares de Noboa, hecho que dejó un fallecido y más de treinta heridos. Las autoridades atribuyen el ataque al grupo Los Lobos.
Ecuador acumula más de 500 días bajo estado de excepción desde el inicio del Gobierno de Noboa, quien declaró “conflicto armado interno” en enero de 2024 para facultar la intervención militar contra bandas catalogadas como terroristas.
A pesar de ello, la violencia no ha disminuido: en 2025 se registra un promedio de un asesinato por hora, según cifras oficiales.
Alcance de la suspensión de derechos
Con el estado de excepción, las fuerzas de seguridad podrán:
- Ingresar a domicilios sin orden judicial para incautar armas, explosivos o drogas.
- Detener a sospechosos vinculados a redes delictivas.
- Acceder e interceptar comunicaciones y correspondencia física o digital.
- Realizar operativos permanentes sin restricciones horarias.
El Gobierno sostiene que estas medidas son temporales y focalizadas, y que buscan evitar nuevos atentados y debilitar las estructuras operativas de las bandas.
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