Durante la segunda jornada de la audiencia de juicio contra 17 militares por la desaparición forzada de cuatro menores en el Caso Las Malvinas, una perito forense expuso este jueves los resultados de las autopsias practicadas a las víctimas.
La especialista detalló que los cuerpos estaban carbonizados, sin órganos y con heridas de arma de fuego en la cabeza. Además, señaló que no fue posible determinar si la exposición al fuego ocurrió antes o después de la muerte, debido al avanzado estado de descomposición.
Un reporte del canal Ecuavisa detalló que la diligencia se retomó en Guayaquil luego de que se descartara una amenaza de bomba en el edificio judicial. La Fiscalía continuó con la presentación de peritos y testigos.
Según la investigación, los cuerpos fueron encontrados en un manglar del sector Casas de Zinc, en Taura (Naranjal), donde los cuatro menores —Josué Arroyo (14 años), Ismael Arroyo (15), Nehemías Arboleda (15) y Steven Medina (11)— habrían sido vistos con vida por última vez tras ser interceptados por una patrulla militar en diciembre de 2024.
La perito explicó que uno de los menores presentaba fracturas causadas por proyectil de arma de fuego, otro registraba lesiones en el cráneo y clavícula, y un tercero mostraba una herida por disparo además de quemaduras. Del cuarto niño solo se recuperaron fragmentos óseos parcialmente calcinados.
Discrepancias en la fase de preguntas
Durante la tarde, se produjo tensión entre el Tribunal y los abogados defensores de los 17 militares procesados. El presidente del Tribunal llamó la atención debido a preguntas repetitivas y argumentaciones calificadas como subjetivas.
La experta en Derechos Humanos Adriana Rodríguez expuso que, según normativa nacional e internacional, existió desaparición forzada porque los menores estuvieron bajo custodia estatal sin que se siguiera el procedimiento correspondiente de traslado y notificación a autoridades competentes.
Contexto del caso
Los padres de las víctimas relataron que, tras la desaparición, incluso pagaron USD 300 a una persona que aseguraba tener información sobre los menores, sin obtener resultados. La Fiscalía cuenta con 176 elementos probatorios entre testimonios, peritajes y registros de video.
Los procesados sostienen que actuaron bajo órdenes y alegan que la aprehensión de los menores habría sido legal. El juicio podría extenderse varias semanas debido a la cantidad de testigos y pruebas presentadas.
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