Dos jueces de la Unidad Especializada Anticorrupción y Crimen Organizado dispusieron el desbloqueo de las cuentas bancarias de 19 fundaciones, organizaciones sociales y dirigentes, cuyos fondos fueron congelados por disposición de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE).
Entre las organizaciones beneficiadas constan la Conaie, la Coordinadora de Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (Coica), las fundaciones Pachamama, Pueblo Indio del Ecuador, Alianza Ceibo, la Unión de Afectados por Chevron Texaco, Pakkiru, además de dirigentes antimineros y miembros del cabildo por el agua de Cuenca.
Algunas de estas entidades mantuvieron sus cuentas bloqueadas por más de 50 días, mientras que otras estuvieron inmovilizadas cerca de un mes. Los abogados defensores informaron que los jueces resolvieron a favor de sus clientes al considerar que la UAFE no demostró vínculos con actividades ilícitas y que las medidas adoptadas vulneraron el derecho a la asociación.
Pese a estos fallos, varios de los beneficiados siguen bajo investigación fiscal por presunto enriquecimiento privado no justificado, dentro de un proceso que involucra a 61 personas, entre ellas directores de fundaciones que aún esperan audiencias para recuperar el control de sus fondos.
Entre los investigados se encuentra la viceprefecta de Imbabura, Paolina Vercoutere, quien reportó una segunda investigación en su contra por presunto financiamiento del terrorismo.
En esta nueva causa también figura el abogado Carlos Poveda, defensor de líderes indígenas, quien conoció del proceso luego de que a su hija le impidieron el ingreso a Estados Unidos.
Las organizaciones afectadas reiteraron su rechazo a lo que califican como acciones de persecución, mientras la Fiscalía mantiene abiertas las investigaciones para determinar la procedencia de los fondos y las presuntas irregularidades detectadas por la UAFE.
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