El presidente Daniel Noboa confirmó que las primeras 300 personas privadas de la libertad (PPL) de alta peligrosidad llegaron este lunes a la Cárcel del Encuentro, el centro penitenciario de máxima seguridad ubicado en la provincia de Santa Elena.
“El crimen quiso desafiar al Ecuador y empezar su campaña. Hoy, el Ecuador le respondió con hechos”, escribió el mandatario en su red social X.
El Gobierno alega que la medida forma parte de una estrategia estatal para retomar el control del sistema penitenciario y desmontar redes criminales que operan desde las cárceles.
Desde la madrugada de este 10 de noviembre, la comuna Juntas del Pacífico se ha convertido en el epicentro de un despliegue militar y policial sin precedentes.
De acuerdo con un reporte del portal digital Primicias, los habitantes del sector reportaron la llegada constante de helicópteros, buses policiales y vehículos tácticos, así como patrullajes permanentes en las vías de acceso.
“Escuchamos el sonido de los helicópteros pero no sabíamos de qué se trataba. Ahora esperamos que la presencia de las autoridades se intensifique”, relató un residente de la comunidad.
Entre los internos trasladados se encuentran los miembros de las bandas vinculadas a la reciente masacre en la cárcel de Machala, donde el domingo al menos 27 presos muerieron en un enfrentamiento atribuido a Los Lobos y Sao Box.
Los traslados se han realizado mediante un esquema combinado: transporte aéreo desde el aeropuerto de Santa Rosa hasta Salinas, y luego traslado terrestre hasta el centro penitenciario, bajo fuertes medidas de seguridad. También se han trasladado reclusos adicionales desde Cotopaxi, incluidos miembros de Los Choneros, Los Lobos y Sao Box.
En la zona permanecen desplegados más de 400 efectivos entre policías y militares, con control total de acceso a los alrededores del nuevo reclusorio.
La Cárcel del Encuentro es una obra que tuvo una inversión aproximada de USD 50 millones y comenzó su construcción en junio de 2024. Se proyecta que tenga capacidad para albergar a unos 700 internos, exclusivamente reclusos considerados de alto riesgo o liderazgo criminal.
El Gobierno sostiene que esta infraestructura permitirá descongestionar cárceles saturadas y restringir la influencia de organizaciones delictivas dentro del sistema penitenciario. La zona permanece bajo vigilancia aérea y terrestre constante.
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