La Defensoría del Pueblo, a través de su delegación provincial en Guayas, inició de oficio una investigación por la presunta contaminación del río Daule, una de las principales fuentes hídricas que abastece a Guayaquil y a varias localidades del Litoral.
Este martes 11 de noviembre, la institución notificó oficialmente sobre el inicio del trámite a la Alcaldía de Guayaquil, a la empresa Interagua, a la Empresa Pública Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guayaquil (Emapag), y a la Prefectura del Guayas. También fueron notificadas el Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica, la Agencia de Regulación y Control del Agua (ARCA) y la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria (Arcsa).
En la providencia de inicio, la Defensoría solicitó a todas las entidades involucradas que remitan informes técnicos sobre la problemática en un plazo máximo de cinco días. Estos documentos deberán incluir las atribuciones legales de cada institución en torno al caso, así como planes de manejo ambiental, auditorías de cumplimiento y reportes sobre incumplimientos de licencias o permisos ambientales, en caso de existir.
Además, las instituciones deberán presentar denuncias recibidas por posibles acciones de contaminación, resoluciones de procesos sancionatorios, e informes de monitoreo de calidad del agua, tanto la destinada al consumo humano como la que Interagua descarga al río Daule.
Como parte del proceso, la Defensoría convocó a una mesa de trabajo para el próximo 21 de noviembre, a las 09:30, en la que participarán representantes de todas las entidades notificadas. El encuentro busca exponer los resultados de los informes y abrir un espacio de diálogo interinstitucional para definir acciones conjuntas frente a la presunta contaminación.
La ministra de Ambiente, Inés Manzano, confirmó la participación de su cartera de Estado en la reunión y aseguró que el Gobierno mantiene un seguimiento permanente sobre la calidad del agua del río Daule, fuente vital para la provincia del Guayas.
La Defensoría del Pueblo indicó que esta investigación busca garantizar el derecho de la ciudadanía a un ambiente sano y al acceso a agua segura, y adelantó que, tras el análisis de la información, emitirá recomendaciones y disposiciones a las instituciones competentes.
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